Regresan las listas negras de periodistas a la Casa Blanca. Como en tiempos de la segunda Guerra Mundial, se complican las relaciones entre la prensa y el presidente de los Estados Unidos. Desde el poder se atenta contra la libertad de expresión.
Jim Acosta, reportero de CNN, pregunta al presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El segundo se molesta respondiendo: “debería dejarme dirigir el país”. Y lo califica como “una persona grosera y terrible”.
A la siguiente conferencia, el servicio secreto no lo deja entrar y le pide devolver su acreditación. Aunque disfrazan la decisión, es la respuesta del presidente a una relación complicada con CNN.
Ante ese hecho, se presenta una demanda ante un juez federal, argumentando que eso constituye una violación a los derechos de la primera enmienda. Además de violación al debido proceso. Se retiran las credenciales sin previo aviso.
El juez dictamina que el presidente no puede revocar las credenciales, pero no revisa el fondo del asunto y, por tanto, no se pronuncia sobre si se registra o no violación a la primera enmienda.
CNN obtiene un triunfo. Los periodistas quedan preocupados ante el anuncio de la Casa Blanca de establecer “reglas y procesos” basados “en la conducta”. Es la forma de ordenar una prensa a modo.
El presidente de los Estados Unidos mantiene una tensa relación con algunos medios. Los (des)califica como enemigos del pueblo estadunidense porque se han encargado de revelar que mucha de la información que produce el habitante de la Casa Blanca es Fake News.
La trascendencia del caso es que los diferendos entre prensa y poder, se resuelven en el Poder Judicial. Situación que difícilmente se registra en México. Las listas negras existen, pero nunca llegan a tribunales. Pasan por los convenios de publicidad gubernamental.