Recomendaciones para los noticieros de radio y televisión

Hacen de lado el marco legal

Respeto a la información en campañas

No afectar la libertad de expresión


Una de las mayores fallas de la sociedad mexicana, y no sé si de ahí viene lo de Estado fallido –porque falla–, es que nos encanta hacer leyes y pronunciar discursos sobre el Estado de derecho, reflexiona Sábila, mientras se prueba unos minivestidos y desfila por el  tianguis para mostrar la belleza tlaxcalteca.

El problema, responde Malinche, es que la arquitectura legal, el marco jurídico o las leyes, son hechas a un lado por todos los actores, desde el simple ciudadano hasta el más encumbrado porque la cultura mexicana se ha desarrollado al margen de ella y más en el ¿Cómo nos arreglamos? (Dehesa, G. (2002), Diana, México).

Entre los abogángsters (novela de Eugenio Aguirre, Planeta, México, 2014) se afirma que quien hace la ley hace la trampa, afirma Xóchil, quien también se viste, se desviste y se muestra por la pasarela de los pollos, en busca de la segunda piel que le acomode su cuerpecito que ya ha dado de sí.

Las modelos del tianguis tocan el tema porque leen que los medios de comunicación y los periodistas, así como los opinadores, tendrán que ajustar su comportamiento a “los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos, y de los candidatos independientes en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales” (INE/CG133/2014).

Según los consejeros del INE, afirma Malinche, se basan en que la fracción IV del apartado B del artículo sexto constitucional que refiere: “IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.”

Es producto del milagro

¡Eso se incorporó para regular los productos milagro, no las elecciones!, considera Xóchil.

El que la sociedad siga creyendo en los candidatos y los partidos políticos, ¡es un producto milagro!, revira Sábila.

El INE olvida, destaca Malinche, que esto se refiere única y exclusivamente a la radio y la televisión, porque en el artículo 41 de la Constitución, apartado A, fracción g; se apunta: “Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. (DOF 10–02–2014). Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.”

Han de recordar, dice Xóchil, que en 1994 –hace exactamente 20 años–, cuando era presidente del IFE, Jorge Carpizo (QEPD) se lanzó el acuerdo: “por el que se formulan exhortaciones y recomendaciones a los medios de comunicación y en particular por lo que hace a los noticieros de radio y televisión respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos”.

 

Sábila recuerda a Miguel Ángel Granados Chapa (QEPD) que en su intervención, en ese entonces, dijo: “En primer lugar llevado inevitablemente también por un impulso autobiográfico, quiero decir que no puedo desprenderme al abordar este tema de mi condición de periodista. No obstante mi representación de consejero ciudadano aquí y quiero precisamente dirigirme a mis compañeros, quienes cubren la información de este Instituto Federal Electoral, para decirles a ellos y a través de ellos, a nuestro gremio, al gremio que me  honro en pertenecer, que estos lineamientos no implican, desde luego, juicios derogatorios respecto del profesionalismo con que se desempeñan, ni tampoco un intento que no podría provenir de un cuerpo legalmente constituido para inhibir la libertad con la que su profesión debe ser desarrollada. Es obvio que ninguno de los consejeros ciudadanos suscribiría jamás una iniciativa cuyo propósito fuera inhibir este trabajo profesional que realiza la prensa, que realizan los medios de difusión colectiva en general. En seguida a título personalísimo, quiero decir que lo que inspiró este acuerdo de tipo general, es la comprobación a través de un estudio de la Academia Mexicana de Derechos  Humanos, a la que se refirió ya el señor consejero Creel, sobre el abordamiento de las campañas electorales hecho por los noticieros de televisión, y especialmente por  los noticieros de la empresa Televisa. Hay una evidencia sobrada en el ánimo del público, de que este consorcio incumple las responsabilidades sociales que no solo una conciencia colectiva le atribuye, sino que se derivan de la concesión de que es beneficiaria. Estos planteamiento se refieren en general a los noticiarios de radio y televisión, pero tengo para mí que el impulso inicial que condujo a su formulación tiene en mente, nace de nuestra clara conciencia de que Televisa no está contribuyendo en la medida necesaria, en la medida que fuera preciso, a la equidad en la difusión de las campañas electorales. Muchas gracias.”

Lineamientos sobre valores democráticos

Malinche brinca de gusto al rememorar las palabras del consejero Pepe Woldenberg: “Sí, en el mismo sentido que mis compañeros, yo creo que ésta es una resolución que puede coadyuvar a lograr que entre nosotros se asienten las prácticas y valores realmente democráticos. Dado que la democracia no es una aparición sino una construcción, yo creo que los medios de difusión masiva están obligados precisamente a aclimatar entre nosotros la expresión de la pluralidad, los valores de la tolerancia, de la argumentación racional, de la existencia de puntos de vista diversos, y creo que por desgracia en muchos casos los medios de difusión masiva no están cumpliendo con esta importantísima tarea. Todos tenemos la impresión de lo que sucede con los medios, y yo comparto la impresión que se ha señalado y creo que en efecto que los resultados, de que nos proporciona la Academia Mexicana de Derechos Humanos es muy importante,…”

Xóchil hace memoria de las breves palabras –así dijo en aquel entonces– de Porfirio Muñoz Ledo, entonces representan del PRD en el Consejo General: “Primero decir que a estas alturas del debate, uno se puede sentir muy satisfecho de lo que está significando este nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral, con el mismo énfasis con que subrayamos las carencias, creo que es justo reconocer los éxitos. Se está generando una dinámica, creo que positiva, para el cambio de prácticas electorales y democráticas del país. Yo seré breve. Diré primero que éste es un avance que corresponde a un tema en el que habíamos insistido, la facultad, la competencia del Consejo General como máxima autoridad en este tema tan importante, tan complejo y tan delicado de los medios de información, que es el camino para encontrar la solución al problema de la aplicación de las normas que nos habíamos dado. Efectivamente hay los lineamientos aprobados por los partidos, pero es un acuerdo sin sanción, es decir, es un documento que contiene una voluntad política compartida, pero cuya aplicabilidad hay que encontrar por las vías políticas y jurídicas. Primero: Que éste es un campo en el que nos enfrentamos a obstáculos reales, en ocasiones a algunos de los más densos, de los más difíciles de vencer para el avance democrático y que sin embargo son indispensables. No hay transición democrática si no hay una transformación más profunda de los medios de comunicación social. Los obstáculos son locales, personales, y conceptuales e institucionales. Los obstáculos locales derivan de complicidades, de confusión de intereses entre actores políticos y concesionarios de medios; esto es muy frecuente a lo largo de todo el territorio de la República, compromisos políticos o económicos contraídos entre concesionarios de los medios y actores políticos locales. El segundo es un problema, yo diría, personal y conceptual. Hay frecuentemente poca sensibilidad respecto del carácter de la concesión, lo que genera en el propietario del medio una especie de filosofía paternalista, es su negocio y hace lo que quiere hacer dentro de su negocio, dentro de ciertas normas de carácter general, fiscales, laborales, qué sé yo. Entonces lo que ha faltado es una correcta aplicación, como acaba de decirse, de los principios derivados del régimen de concesiones. El régimen de concesiones deriva directamente del artículo 27 de la Constitución, es una concesión del espacio aéreo de la nación, es una función de orden público. Hemos repetido muchas veces, pero no está de más dejarlo en actas, que es de explorado derecho que el concesionarios no tiene más facultades ni derechos que a aquellos que obligan al concesionador, es decir, el concesionario de un espacio aéreo de una nación está obligado a salvaguardar los principios de la República. Nosotros lo hemos propuesto, está en comisiones de las cámaras, una reforma a la Constitución en el artículo tercero, según la cual los concesionarios del espacio de una nación, empresarios de radio y televisión, están obligados en el contenido de sus emisiones a respetar los valores de la República contenidos en ese artículo. No se ha llevado nunca al plenario porque no ha hecho mayoría, y me voy a referir muy concretamente  al caso extremo, que yo era muy institucional. Hay una institución sobre todas las demás, llamada “Televisa”, que es una importante institución nacional, que se arroga el derecho, –eso sí es inmiscuirse en el sentido del diccionario, eso es inmiscuirse– de y por su cuenta, conforme a valores sesgados, frecuentemente contrarios a los principios de la República y a la defensa de los intereses de la nación, a influir en los procesos políticos del país y a predeterminarlos. No lo digo yo; ya lo habían dicho muchas personalidades, incluso del propio gobierno. Alguna vez, hace años se dijo que Televisa deshacía por la noche lo que la escuela construía en la mañana. Este es un asunto al que tenemos que ponerle alto a nombre de la República”.

Las modelos concluyen que: la ropa que hacen ahora las hacen en tallas muy pequeñas y no responden a las necesidades de las mujeres tlaxcaltecas que han cambiado su anatomía como producto del mestizaje y son de altura pequeña y talla expandida. Como esos principios que solo aplican a la radio y la televisión.