Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se presentó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la mañana de este jueves, con el propósito de intentar embargar bienes de este organismo autónomo como parte del cumplimiento de un laudo laboral por un millón 734 mil 313 pesos con 50 centavos, a favor de Roberto Armas Aramburu, actual director de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET).
El laudo laboral fue dictado por la JLCA el 6 de junio de 2014, en el expediente CDT 51/2009–3, a favor de Roberto Armas, quien laboró en la CEDH del 1 de agosto de 2002 al 10 de diciembre de 2008, siendo el último cargo que tuvo en el organismo autónomo el de director administrativo.
Sobre este asunto, el presidente de la CEDH, Francisco Mixcóatl Antonio explicó que la demanda laboral fue heredada por anteriores consejos consultivos, al grado que se convirtió en un laudo que el organismo no puede cubrir por la falta de solvencia económica.
El ombudsman local explicó que la diligencia practicada este jueves por el personal de la JLCA fue un requerimiento de pago y embargo en contra de la CEDH por la parte demandante, pero desconoce qué bienes se hayan señalado como medida precautoria para cubrir la cantidad reclamada por el director de PCET.
La postura del funcionario estatal es contradictoria a la política que ha definido el gobierno de Mariano González Zarur, pues desde el inicio de esta administración se instruyó a todas las dependencias del Ejecutivo a que negociaran los laudos laborales con los demandantes, a efecto de evitar una afectación al erario de Tlaxcala.
Incluso, a inicios de esta administración la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alicia Fragoso Sánchez se desistió de cobrar un laudo laboral al Poder Judicial tras su salida como magistrada, en apego a la política instruida por el gobierno marianista.
Por lo anterior, Mixcóatl Antonio consideró que Roberto Armas debería ser congruente con esta política del gobierno estatal, ya que a la fecha es parte de la administración pública.
“Debe ser congruente en esos términos, entre lo que se pregona y lo que se va a hacer, sobre todo porque el laudo no se afecta a un ente privado, sino a una institución que es de la sociedad tlaxcalteca y el cargo que esta persona ocupa es en el sector público, lo cual daña a la sociedad y a los tlaxcaltecas en su conjunto”, agregó.
Francisco Mixcóatl estimó que el monto económico del laudo laboral representa entre el 10 y 15 por ciento de los poco más de 18 millones de pesos que tiene como presupuesto este organismo en 2015.
Por lo anterior, confió en que se llegue a un acuerdo con el funcionario estatal, pues insistió que la CEDH no tienen dinero para erogar una cantidad considerable, “lo máximo que hemos erogado son 100 mil pesos en un laudo, pero no más allá de esa cantidad”.
Actualmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos enfrenta 13 laudos laborales que fueron heredados por consejos consultivos anteriores por un monto de 13 millones a 17 millones de pesos, que en caso de pagarse el presupuesto tendría que irse directamente a este rubro.
“Desafortunadamente ya son laudos dictados, pues hubo mala fe, omisiones o complicidades en el pasado para sacar ventaja. Los demandantes son personas que trabajaron en el área administrativa y en las visitadurías”.
Asimismo, dio a conocer que el área jurídica de la CEDH ha tratado de llegar a convenios con los demandantes, pues en el presupuesto de este año no tienen una partida para ello, pero “nadie accede a un acuerdo porque saben que son acciones a su favor y piensan que en un momento dado la Comisión va a ceder, pero mientras esté yo al frente se va a hacer lo posible jurídicamente para defender el presupuesto y el patrimonio de la Comisión hasta donde el hilo reviente”.