El reality show del IAIP

Las discrepancias internas en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) no sorprenden. La luna de miel duró el tiempo justo, un año, al menos públicamente, como en administraciones anteriores a esta. No hay que perder de vista que los tres comisionados llegan al cargo apadrinados por las bancadas partidistas en el Congreso local, PRI, PAN y PRD, específicamente. Siempre ha sido así al momento de nombrar a los miembros de órganos “autónomos”.

El Consejo General, de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Caiptlax), conformado por Mayra Romero Gaytán, Claudio Cirio Romero y Miguel Ángel Carro Aguirre, no fue la excepción. Se distinguió por diferencias marcadas que prevalecieron casi durante todo el periodo (2011–2014) para el cual fueron designados. Lo mismo sucedió en el que integraron Francisco Javier Mena Corona, Aída González Sarmiento y Edgar González Romano, de 2014 a 2017. Pusieron al descubierto un distanciamiento entre estos dos últimos con el primero de ellos, quien disminuyó su presencia en sesiones y  eventos públicos.

Marlene Alonso Meneses, José David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín son los protagonistas de un reality show nuevo que inició en la primera sesión del 5 de enero pasado y que al paso de los días acentúa más las discrepancias. Peor ahora, pues la presidencia ya no es rotativa anualmente, solo recae en una persona y por un lapso de siete años, lo que agrava las pugnas. De pena.


Cabrera Canales y Morones Servín han recurrido al Congreso local para solicitar su intervención ante presuntas irregularidades cometidas por Alonso Meneses, quien por cierto tiene como suplente a Didier López Sánchez, colaborador cercano de la ex secretaria de Gobierno y aspirante priista a senadora en este proceso electoral, Anabel Alvarado.

El concepto de órgano ciudadanizado queda enterrado cuando intereses políticos manosean la integración de este tipo de instituciones, porque no solo influyen en la designación de comisionados, sino se cuelan hasta la repartición de carteras al interior. Por lo tanto, no se puede esperar mucho, por muy buenas intenciones que cada comisionado tenga en lo individual, pero sí deben cumplir con el principio de dar certeza jurídica a particulares  y ser garantes de la transparencia, porque para eso los nombraron y les pagan.