Quitan diputados voto de presidentes de comunidad en los cabildos de los ayuntamientos

En sesión extraordinaria, los diputados acordaron reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que el presidente de la JCCP sea designado por el pleno del Congreso local. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

Los presidentes de comunidad de Tlaxcala ya no tendrán voto en el cabildo de sus respectivos ayuntamientos, ello a partir de una reforma a la Ley Municipal del estado que fue aprobada la víspera por legisladores del PRI, PAN, PVEM, Panal, PAC y Movimiento Ciudadano.

La determinación de los integrantes de la LXI Legislatura local se dio con el argumento de que el voto de los presidentes de comunidad en todos los asuntos del cabildo violenta el artículo 40 constitucional federal, aunque esa trasgresión continuará en los actuales ayuntamientos, pues cobrará vigencia hasta el año 2017, es decir, con las futuras administraciones municipales.

“Es necesario reconocer que se trasgrede lo preceptuado en el artículo 40 de la Carta Magna, debido a que los presidentes de comunidad carecen de legitimidad para representar en el cabildo mediante el voto a los habitantes de todo el municipio, ya que solamente fueron elegidos por una comunidad y no por el total de la población municipal”, establece el acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados de la actual Legislatura.


El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales al pleno del Congreso estableció que en la actualidad, al ejercer su voto en cabildo los presidentes de comunidad ejercen una función legislativa, propia de los regidores, “y deciden sobre asuntos que repercuten en otros territorios en los que no fueron electos”.

La mayoría de los diputados coincidieron con el dictamen, en el sentido de que cuando los presidentes de comunidad ejercen el voto en asuntos que no son del interés de la comunidad por la que resultaron electos, sus decisiones tienen efectos extraterritoriales, sobre todo al tomar decisiones por otras comunidades que no los eligieron como sus representantes populares.

Además, los diputados también disminuyeron de cinco a tres el número de inasistencias injustificadas a las que un integrante del ayuntamiento tiene derecho, so pena de ser suspendido en sus funciones.

Asimismo, los legisladores erradicaron cualquier posibilidad de que los ayuntamientos realicen cobros arbitrarios por la expedición, refrendos y trámites de licencias para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y excedan el cobro de refrendos de la tercera parte del costo que se hayan pagado por la expedición de la licencia de funcionamiento.

Cabe destacar que dentro de las reformas a la Ley Municipal se incluyó todo lo relativo a la armonización de la reforma constitucional local en materia electoral, pues en el ordenamiento ya se precisa la reelección de munícipes y presidentes de comunidad y el hecho de que el próximo periodo comprenderá 4 años y 8 meses de duración.

De la misma manera y en una sesión extraordinaria, los diputados acordaron reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con las cuales, a partir del próximo año, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política será designado por el pleno del Congreso local y no necesariamente será un integrante de la fracción parlamentaria que le corresponda la prelación, como sería el PRD.

Además, los diputados establecieron por norma que cada grupo parlamentario tendrá un peso específico en la legislatura de acuerdo con el número de sus integrantes, en especial, en las votaciones que se realicen en la Junta de Coordinación y Concertación Política y en el Comité de Administración.

Sin embargo, determinaron que ahora el Comité de Administración sólo se integrará por diputados de las fracciones parlamentarias, con lo cual excluyen a los representantes de partido, por lo que en la LXI Legislatura, el PT, PS y Movimiento Ciudadano se quedarán sin su espacio en dicho órgano.

Esas medidas, fueron fustigadas por la fracción parlamentaria del PRD, la que no descartó impugnar estas adecuaciones mismas que fueron calificadas como retrógradas, amén de que hubo errores en el proceso legislativo.

El coordinador de la bancada, Salvador Méndez Acametitla aseguró que el dictamen le fue entregado poco antes de la una de la tarde del miércoles, cuando la legislación en la materia establece que debería haber sido desde un día antes.

Por su parte, la diputada perredista Eréndira Jiménez Montiel afirmó que la reforma elimina prácticamente a las minorías dentro del Comité de Administración del Congreso, y adelanta de antemano la forma en que le será arrebatada la Junta de Coordinación por parte de las bancadas del PRI y del PAN.

De igual forma, los congresistas lograron los votos necesarios para reducir el número de magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual pasará de nueva a siete juristas, al establecer que éste “funcionará en pleno y en dos salas para atender los asuntos de su competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, incluyendo a su presidente, quien no integrará Sala.