La transformación que sugiere el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, requiere de un gran esfuerzo y verdadero compromiso político para legislar con miras a impactar de manera positiva, estratégica y de fondo hacia las graves problemáticas que el estado de Tlaxcala vive; sin minimizar, invisibilizar o negar con el discurso de que son casos aislados o que las estadísticas no se comparan con las de otros estados, estas declaraciones ya no son válidas en un estado que mantiene a víctimas y familiares sin acceso a la justicia y a la verdad.
Para este primer año de trabajo, el Legislativo prevé reformas, adiciones y derogaciones al marco normativo estatal, de las cuales en materia de protección a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no son necesariamente favorables para dar respuesta a las realidades que se viven, algunas de ellas son atravesadas por concepciones moralistas, violatorias a los derechos humanos; bastante preocupante además que los medios han dado poca importancia.
Si bien mencionan que habrá reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se mencionan los artículos que estarán revisando o en qué sentido serán estas reformas; sin embargo, en materia de leyes existentes para la defensa de los derechos de las mujeres, exigen ser revisadas para estar armonizadas al marco normativo federal e internacional con los más altos estándares para garantizar la protección y goce de todos los derechos.
Algunas de las propuestas presentadas por la primera potencia en el Congreso resultan interesantes para destrabar algunos artículos que mantienen estereotipos hacia las mujeres, podemos mencionar la expedición de la ley de lactancia materna, que si bien ha sido abordada como un derecho desde la Secretaría de Salud, pero se mantienen posturas discriminatorias y moralistas promovidas por la falta una política de información a la ciudadanía para modificar los mitos alrededor de esta práctica, como lo han sugerido organizaciones de sociedad civil que han abordado el tema. Así como la creación de la Ley contra la Violencia Política de Género, que junto con la violencia obstétrica, fue parte de las reformas que se implementaron el año anterior en algunos estados y de esta última, a pesar de ocupar el tercer lugar a nivel nacional, ningún partido ha mencionada algo al respecto.
Sin duda, en materia de atención a las diferentes expresiones de violencia habrán propuestas para su análisis y aprobación, tal es el caso de la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, como aportación en el tema; sin embargo, cabe señalar que en experiencias con otros estados donde la Fiscalía para la Investigación de Feminicidios ha sido una opción, han resultado inoperantes, debido a que se mantiene al mismo personal con las mismas prácticas omisas y de obstrucción para una debida investigación que permita acreditar el delito y llevar a una sentencia favorable para las familias víctimas.
En el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos sido claras, de nada servirá cambiar de nombre a los grupos establecidos para tal fin en la Procuraduría si en principio no se cuenta con un tipo penal adecuado, así como la elaboración y cumplimiento del Protocolo de Investigación de este delito, del cual se ha hecho referencia desde inicios del presente año que está en construcción y, a la fecha, con 12 feminicidios cometidos, no se da avance para garantizar el acceso a la justicia. De tal forma, hemos expresado que sería más prudente establecer un Grupo o Unidad Especializada para atender el delito, que contemple la participación de la sociedad civil experta y acompañado de un Grupo de Análisis y Contexto para fortalecer el proceso de cada caso y no se mantengan en la impunidad.
Por otro lado, el mismo PRD comentó, como parte de su agenda, la despenalización del aborto, que no está de más recordar que la próxima encargada de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha expresado como propuesta el impulsar este proceso de despenalización para todo el país, como garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; sin embargo, nos encontramos con propuestas violatorias a los derechos de las mujeres dentro de la agenda aceptada en el Congreso.
Tal es el caso de lo que el diputado del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Garrido Cruz, señalara sobre una de las reformas que impulsará la bancada que representa y que será la de elevar a rango constitucional local el derecho a la vida desde la concepción, que hasta el día de hoy, Tlaxcala es de las 14 entidades que no tiene un artículo que estipule tal protección en su Constitución estatal de acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Especializada (GIRE) en su plataforma de información. La misma ONU ha expresado su rechazo a estas reformas que se han llevado a cabo en 18 estados de México, ya que considera que restringe el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres, además de ser contrario al primer artículo de la Constitución Mexicana –que establece el apego del país a los derechos humanos– y a los Tratados Internacionales ratificados por México al respecto.
En este mismo sentido, se suma el Partido Acción Nacional (PAN) con la propuesta del reconocimiento del derecho a ser objeto de conciencia, siendo otra forma de restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que impacta en el desarrollo de las mujeres y de sus familias, y que conlleva “graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna”; violando el principio de Progresividad en materia de los derechos de las mujeres.
En todos los casos, será importante contar con las aportaciones desde la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, ya que de lo contrario, seguirán siendo propuestas que no cuenten con la mirada de quienes han impulsado muchas de las garantías con las cuales hoy se cuentan en el estado, quienes han incidido desde la investigación y metodologías de intervención. La escucha en estos procesos de reconstrucción no se puede limitar a un foro, ya que las deudas hacia las mujeres tlaxcaltecas han sido por décadas, de manera que se tendrá que responsabilizar al funcionariado público de generar las estrategias necesarias para promover la participación en esta tarea legislativa y no se mantengan las prácticas de simulación y omisión, abriendo el camino para otros pendientes que aún se observan.