Con la finalidad de superar las lagunas y omisiones legislativas que existen en materia de fiscalización con respecto al Sistema Estatal Anticorrupción, la diputada perredista Laura Flores Lozano presentó al pleno del Congreso local una serie de propuestas de reforma constitucional para ampliar el periodo de dictaminación de cuentas públicas, así como facultar al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para que revise estados financieros de anualidades anteriores.
De paso, aprovechó para proponer una adecuación a los requisitos para ocupar el cargo de titular del OFS, al proponer que los abogados o licenciados en derecho puedan ser designados como auditor superior.
En la sesión ordinaria de este martes, la legisladora presentó su iniciativa de reforma y adición a diversos ordenamientos constitucionales, la cual por cierto con errores de sintaxis y ortográficos, al considerar que la expedición de ordenamientos en materia de combate a la corrupción “no se ajustaron de manera plena a los directrices establecidas tanto por el Sistema Nacional Anticorrupción y por el Sistema Nacional de Fiscalización.
Una de esas omisiones es la fijación de plazos para la dictaminación de cuentas, por lo que Flores Lozano consideró necesario ampliar los plazos tanto de presentación de los informe de auditorías por parte del OFS al Congreso, así como para ampliar el plazo que actualmente tiene el pleno para dictaminar las cuentas públicas.
La propuesta es que ya no sea hasta el 31 de agosto el plazo para dictaminar las cuentas del ejercicio anterior, sino que pueda ser hasta el 15 de noviembre posterior al ejercicio fiscalizado, pues “vale la pena recordar que en el año 2016, derivado de una iniciativa de reforma a la Constitución local que presentó el gobernador del estado (Mariano González Zarur), se redujo el plazo que el Congreso tenía para dictaminar las cuentas públicas, al pasar del 31 de octubre al 31 de agosto, sin justificación jurídica o técnica alguna de esta disminución de dos meses.
Además, la perredista alertó que con la reforma constitucional de 2017, los legisladores eliminaron el principio de posterioridad en la fiscalización de la cuenta pública, mismo que es necesario reestablecer a fin de facultar al OFS a revisar el ejercicio fiscal en curso así como respecto de ejercicios fiscales anteriores “con base en la presentación de denuncias ciudadanas y solo en situaciones excepcionales”.
De paso, aunque no presentó mayores justificaciones al respecto, propuso modificar los requisitos para ocupar el cargo de titular del OFS, al establecer que el nuevo titular del organismo deberá contar con antigüedad mínima de 10 años (no cinco como lo establece actualmente), con título y cedula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía o en administración, o con cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.
La medida abre las posibilidades para que profesionales en derecho accedan a esa posición, ya que la actual disposición constitucional contempla que quien aspire a la nominación debe poseer título y cédula profesional en algún área de las ciencias económico administrativas y tener experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
La propuesta de la perredista fue remitida a las comisiones correspondientes para su análisis y estudio, que en caso de juzgar procedentes, emitirán el dictamen en las próximas semanas.