Con el fin de reactivar la economía en Tlaxcala, la diputada independiente Yazmín del Razo Pérez propuso al pleno del Congreso local la posibilidad de que las instituciones educativas decidan si quieren recibir un paquete de útiles escolares o un vale que ampare la adquisición de esos artículos en algún establecimiento.
Aunado a lo anterior, planteó establecer los mecanismos de licitación pública bajo la cual, las instancias gubernamentales contratarían a la empresa encargada de abastecer dichos materiales, toda vez que en la actual ley no se contempló el proceso de adquisición de los paquetes de útiles por parte del gobierno.
“Lo que planteo en este proyecto de iniciativa es que se pueda proporcionar paquetes de útiles escolares para las comunidades rurales y un vale para adquirir dichos útiles escolares para las comunidades urbanas; además de que se pueda considerar que cada institución educativa pueda decidir si quieren recibir el paquete de útiles o el vale”, refiere el documento.
Abundó que “con esta medida evitaremos que los recursos que el gobierno del estado viene destinando desde hace varios años para cubrir lo referente a los paquetes escolares, se queden en nuestro estado y de esta manera se reactive nuestra actividad económica local”.
Al dar lectura a su propuesta, durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora destacó que a pesar de que Tlaxcala “es relativamente pequeña”, y que se cuenta con una gran diversidad de panoramas y tipos de población, es necesario acabar con los principales obstáculos para que se dé una educación de calidad, y comenzar por pensar en todas las regiones del estado y en todos los sectores de la población.
Lo anterior, porque de acuerdo con datos del Inegi del año 2010, un 80 por ciento de la población del estado de Tlaxcala habita en localidades urbanas, mientras que el 20 por ciento restante habita en comunidades rurales.
Además, dijo que en Tlaxcala, el promedio de escolaridad de la población mayor a 15 años de edad es de 9.3 grados o años escolares cursados, lo que equivale a cubrir un poco más de la instrucción secundaria, teniendo un aproximado de casi 300 mil estudiantes inscritos en las diferentes instituciones de educación básica.
Ante tal panorama, se pronunció por definir instrumentos y procedimientos jurídicos y administrativos, para hacer justiciable y exigible el derecho a la educación en todas sus dimensiones.
Además de una estrategia para democratizar la educación, lo cual podría concretarse en involucrar a los padres de familia de las instituciones de nivel básico de nuestro estado para que en conjunto con las distintas autoridades puedan concretar acuerdos en beneficio de la población estudiantil, y esto permitiría la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la política educativa más adecuada y significativa para sus comunidades, o simplemente que se tomen en cuenta sus demandas e inquietudes.
Sin embargo, la propuesta de la diputada independiente fue turnada a su expediente parlamentario.