Promueven vecinos amparo contra reformas del Congreso

Por considerar que se trastoca el artículo 115 constitucional, un grupo de pobladores de Mazatecochco promovió un amparo en contra de las recientes reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, así como a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de echar abajo las enmiendas que facultan al gobernador a nombrar a los titulares del Registro Civil en los 60 ayuntamientos y eliminan la facultad a éstos de realizar cualquier cobro en materia de expedición de actas de nacimiento, de defunción y de matrimonio.

De la promoción de ese amparo ya fue notificado el Congreso del estado, a fin de que presente las pruebas que a su derecho considere en este litigio, el cual fue interpuesto a principios del presente año.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, por mayoría de votos, los entonces integrantes de la LX Legislatura local aprobaron una serie de reformas y adiciones a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, así como a la Ley Municipal, con lo cual el gobierno del estado asume la responsabilidad en materia de Registro Civil.


Esa medida, en primera instancia, ya fue impugnada por el ayuntamiento de Tzompantepec, que promovió un amparo ante un juzgado federal en contra de las reformas a dichos ordenamientos locales.

Incluso, la titular de la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC), Rosa Isela Tagle reconoció la existencia de ese litigio, el cual es revisado y atendido por la dirección jurídica del gobierno estatal.

El recurso de amparo lo promovió un grupo de pobladores de Mazatecochco, entre ellos Miguel Ángel Carvajal, Fidel Cortés, Juana Torres, Rosalina Cruz y Yuliana Romero Mena, quienes acudieron ante las instancias jurisdiccionales para tratar de dejar sin efectos las enmiendas a dichos ordenamientos.

Estas personas están en desacuerdo con las reformas realizadas a los artículos 555, 556 y 557, lo mismo que el noveno transitorio del Código Civil, pues sostienen que perjudican a los municipios al retirarles a los alcaldes la facultad de nombrar a los oficiales del Registro Civil y de recaudar los ingresos económicos en la materia.

Lo que piden es que la resolución que emita la instancia jurisdiccional aplique para todos los 60 ayuntamientos, los cuales fueron afectados por las reformas. Aunque los inconformes solicitaron la suspensión provisional de los nuevos mandatos, a fin de que no se apliquen la norma, el Juzgado Primero de Distrito les negó esa demanda, aunque admitió a trámite el amparo.