Programa legislativo, aprobado fuera de plazos y con yerros

El pleno del Congreso local aprobó este martes, por mayoría de votos, el programa legislativo que desahogarán los diputados en el primero periodo ordinario de sesiones

En medio de una ignorancia total al procedimiento parlamentario y fuera de los plazos legales, los diputados dieron por aprobado su programa legislativo para el primer periodo ordinario de sesiones, en el que incluyeron más de 80 propuestas muy generales y entre éstas, existen algunas que se contraponen a las nuevas disposiciones legales.

Este martes, sin un  acuerdo de por medio que fundara y motivara dicha conformación, los diputados aprobaron el programa legislativo, el cual quedó integrado a partir de las propuestas que en la tercera sesión ordinaria de este periodo oficializaron las bancadas y representaciones de partido en el Congreso local.

Además, los diputados excluyeron –de manera formal– las posibles propuestas que en materia legislativa pudieran realizar o sean del interés del Poder Ejecutivo local, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los ayuntamientos y de los titulares de los órganos públicos autónomos.


Todo ello contraviene a lo dispuesto tanto en la Constitución Política local como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece, en este último ordenamiento, que toda resolución que dicte el Congreso del estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo, y lo aprobado la víspera obedece a este último, el cual es una resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del estado.

Además, la Ley Orgánica, de manera particular, precisa que para cada periodo de sesiones, conjuntamente el presidente de la mesa directiva y la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) –nunca el pleno, como lo hicieron– elaborarán un programa legislativo, que establecerá las prioridades de los asuntos del Congreso del estado; las iniciativas a presentar; los dictámenes pendientes de discutirse, y los asuntos que debe conocer en materia de cuenta pública y de responsabilidad de servidores públicos y éste se someterá a la aprobación del pleno a más tardar en la segunda sesión ordinaria –y no la tercera como ocurrió este martes– de cada periodo de sesiones.

Pese a todo ello, los diputados avalaron, con 24 votos a favor –aunque el presidente de la mesa directiva, el perredista Nahúm Atonal cometió la pifia de aseverar que fue unánime la aprobación–, su programa de trabajo para este periodo ordinario de sesiones, en el que las siete bancadas y las dos representaciones de partido presentaron sus cartas de buenas intenciones, aunque algunas son contradictorias a la Constitución y a las normas.

Por ejemplo,  la bancada del Partido del Trabajo (PT) pretende reformar la Ley de Entrega–Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a fin de establecer que la entrega debe “iniciarse desde el 1 de diciembre del último año de la administración saliente, teniendo una duración de 60 días (sic)”.

Sin embargo, el coordinador de esta fracción, Jesús Portillo Herrera ignora que a partir del próximo cambio de Legislatura, que se hará en el año 2018, las autoridades entrarán en funciones el 30 de agosto y no el 30 de diciembre. Y en el caso de los ayuntamientos y el Ejecutivo, que ocurrirá en 2021, el cambio se harán el 1 de septiembre y no el 1 de enero como ocurrió hasta este año, por lo que su propuesta de reforma carece de sustento legal y está fuera de lugar.

Aunque en su resolución establecieron que será la Secretaría Parlamentaria la que integre las propuestas y que este programa no será limitativo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también hizo planteamientos muy generales, que en algunos casos propician dudas o evidencian la falta de técnica legislativa.

Por ejemplo, en uno de los siete ejes temáticos en los que dividió sus planteamientos, propuso crear una Ley de Alcohol y otro de los temas que expuso como prioritarios fue el de la “obesidad”, sin establecer cuál sería el enfoque de éstos, pues solo se ciñó a explicar que en el rubro de salud su prioridad será “orientar a la población hacia la cultura de la prevención, de esta manera será posible atacar diferentes situaciones que son actualmente problemas de salud pública”.

La bancada del Partido Socialista (PS) presentó cerca de 20 propuestas, entre las que destaca la creación de la Ley de la Banca de Desarrollo del Estado de Tlaxcala y buscará, como añoranza casi permanente de este instituto político y que ha hecho patente al menos en las cuatro últimas legislaturas, crear la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), la fracción planteó la necesidad urgente de que el Congreso retome asuntos que sus antecesores dejaron inconclusos o pendientes, como la emisión de la convocatoria para realizar elecciones extraordinarias en siete comunidades del estado, la elección del presidente  e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la elección del consejero designado por el Poder Legislativo del estado que formará parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y la definición del nuevo procurador General de Justicia del Estado, así como otros temas.

Una propuesta que al menos ya tiene el consenso de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la representación del Partido Alianza Ciudadana (PAC), es en la reforma a la Ley Municipal para restituir el voto en el cabildo a los presidentes de comunidad. Ambas fuerzas priorizaron esa contrarreforma, amén de que hicieron lo propio en otros temas.

Tras la presentación de las propuestas que hicieron los representantes de las bancadas del PRI, PRD, PAN, PVEM, Panal, PS y PT, así como Morena y PAC, el presidente de la mesa directiva, el perredista Nahúm Atonal, hizo la declaratoria al anunciar que “en virtud de las propuestas dadas a conocer por cada uno de los grupos parlamentarios y los representantes de partido se someten a votación para que sean integradas en el programa legislativo… se aprueba por unanimidad de votos y se ordena a la secretaría integre el programa legislativo con las propuestas aprobadas… elabore el acuerdo correspondiente y al secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del estado para su publicación”.




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