El problema de las PTAR en la cuenca Atoyac–Zahuapan

Serán las propias comunidades afectadas en su vida, patrimonio, cultura y economía, las que serán obligadas a sufragar los costos por el mantenimiento de una PTAR que además no servirá para el propósito establecido.

Por casi 20 años, la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) ha denunciado la destrucción ambiental de la cuenca Atoyac–Zahuapan y cómo ésta se vincula con la mayoría de las muertes debidas a enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal, la púrpura trombocitopénica y el daño genotóxico en los niños. Tan sólo en los ríos Atoyac y Xochiac se vierten –según datos de la Conagua de 2005–, 224 toneladas diarias de contaminantes de todo tipo, provenientes de los vertimientos de agua residual industrial y municipal en los cauces de los ríos y sus afluentes. En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio la razón a la CAV al emitir la Recomendación 10/2017 e incluyó, entre sus puntos recomendatorios a las autoridades, el diseño e implementación de un Plan de Saneamiento de la cuenca en el que pudieran participar, además de las autoridades recomendadas, las organizaciones de la sociedad civil.

Como es sabido, el gobernador Marco Mena anunció, este año, el gasto de más de 160 millones de pesos en la construcción de nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) para atender la nueva prioridad de su gobierno, la cuenca Atoyac–Zahuapan. El plan del gobierno se centra, casi exclusivamente, en la construcción de PTAR para “resolver” una crisis ambiental, social y de salud cuya complejidad es mucho mayor. Dentro del área analizada por la CNDH, en los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla y Natívitas, están en proceso de construcción al menos tres PTAR. Por cuestión de espacio, mencionaremos aquí solamente una, denominada “Tepetitla”, que se construye en las inmediaciones de la comunidad de San José Atoyatenco, para dar tratamiento al agua residual de las localidades deTepetitla, Guadalupe Victoria y San Mateo Ayecac del municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo de la PTAR “Tepetitla”, obtenido de las autoridades municipales por medio de una solicitud de acceso a la información pública, ésta utilizará un sistema “biológico” para el tratamiento de hasta 28.65 litros por segundo (o 2 mil 475 metros cúbicos por día), para que el agua del cauce cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM–001–Semarnat–1996, para beneficiar a una población de alrededor de 20 mil personas. El costo total estimado de la PTAR es de 13.68 millones de pesos (aportados por el programa Proagua de la Conagua) y su costo de operación será de poco más de 15 mil pesos mensuales que, presumiblemente, serán transferidos a la población a un costo de 0.73 pesos por metro cúbico, es decir, a un costo de aproximadamente mil 800 pesos diarios.


Sin embargo, no dejan de llamar la atención algunas inconsistencias del proyecto ejecutivo.

En primer lugar, el proyecto de PTAR “Tepetitla” señala que ésta debe cumplir con la NOM–001–Semarnat–1996, siendo que la Conagua emitió una declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes en 2011, con parámetros más estrictos a los establecidos en la NOM, a partir del reconocimiento de que el solo cumplimiento de la NOM no resolverá el problema de la contaminación de la cuenca. Entonces, sólo por este hecho, la PTAR “Tepetitla” no será adecuada a los requerimientos de la contaminación. Más grave aún es el hecho de que el proyecto ejecutivo de esta PTAR fue aprobado ¡por la Conagua! Por ello, la construcción de esta planta constituye no un avance, sino un retroceso en el proceso de saneamiento.

En segundo lugar, al plantearse en el proyecto ejecutivo que el sistema de tratamiento será biológico, se omite el hecho de que en el agua residual municipal están mezclados residuos de origen doméstico e industrial (esto es, químicos, petroquímicos y tóxicos). Si no se toma en cuenta este importante factor de contaminación (y la conducta reciente de las autoridades, encubriendo la responsabilidad de la industria en la situación de la cuenca así lo indica), la PTAR “Tepetitla” tendrá una vida útil tan corta como sus predecesoras y la crisis ambiental de la cuenca no sólo no se solucionará, sino que empeorará. El asunto sería risible si no fuese porque ya están gastándose más de 13 millones de pesos en una obra inútil.

Vinculado a lo anterior, una preocupación manifestada por las comunidades es que, además de que ellas han recibido el daño y prácticamente todos los beneficios han ido a parar a las arcas de la industria –favorecida por exenciones fiscales, desregulación ambiental y laboral y protección oficiosa de las autoridades–, serán las propias comunidades afectadas en su vida, patrimonio, cultura y economía, las que serán obligadas a sufragar los costos por el mantenimiento de una PTAR que además de que no servirá para el propósito establecido, debería ser costeada por quienes han lucrado durante décadas gracias a la simulación y omisión del gobierno: las grandes empresas industriales que privatizan las ganancias y socializan los costos ambientales, sociales y de salud, con anuencia del gobierno.

Cuando la CAV, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local exigimos a las autoridades la creación de un espacio de diálogo y discusión seria para diseñar e implementar un Plan de Saneamiento integral para la cuenca (un grupo interinstitucional), lo hicimos previendo este tipo de contradicciones en la política pública.

Por ello sigue siendo indispensable luchar porque las autoridades abandonen su arrogancia y se sienten a resolver la crisis de la cuenca con las comunidades afectadas. La sociedad civil no dejará de exigir ni de denunciar. Ya no es el momento de la ciudadanía obediente, sino crítica y propositiva. Las autoridades deben portarse a la altura.