Decretos de reserva privatizarán el agua de forma enmascarada, reprocha el CAP

Los decretos de reservas de aguas publicados por el gobierno federal son “la privatización” de este recurso natural  “de manera enmascarada”, aseveró el coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Isabel Juárez Torres.

Aunque dependencias federales y especialistas lo han negado, otros expertos y organizaciones civiles han concluido que esos preceptos, promulgados el pasado 5 del presente mes, consentirán la concesión del vital líquido hasta por 50 años a empresas privadas, toda vez que se levantó la veda para la entrega de permisos de extracción en alrededor de 300 cuencas mexicanas que lindan con sitios donde opera la industria minera y donde se extraen hidrocarburos.

Al respecto, Juárez Torres señaló que al momento de escuchar que se emitieron algunos decretos “y leemos que es por presiones de las transnacionales, nos preocupamos mucho porque pueden utilizar estos últimos días de este sexenio para obligar al jefe del Ejecutivo federal a que dé concesiones de muchos años, casi de por vida, para que puedan usar el agua de las cuencas”.


El también dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) refirió que este asunto de las reservas “es muy técnico” pero en esencia percibimos que es la privatización del agua de manera enmascarada”.

Apuntó que en  caso de que Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, ganara la elección del 1 de julio, el CAP tiene la obligación social y moral de solicitarle que eche abajo esos decretos.

“Porque él prometió en su pasada visita al estado, en el municipio de Zacatelco, que no será privatizada el agua; por eso debe derogar esos mandatos. Las organizaciones campesinas alzaremos la voz para protestar contra esas medidas adoptadas”, agregó.

Comentó que en un tiempo en el que el CAP tuvo comunicación con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), preguntó sobre este asunto “y nos respondieron que en Tlaxcala no había ningún caso” de explotación irregular del vital líquido.

Pero –agregó- en los últimos dos años no se ha tenido contacto, aunque sería importante reanudarlo, porque la población tiene derecho al agua, así como a la alimentación, a la educación y a la salud, de lo contrario se generaría “una gran crisis social”.

La privatización es un tema “muy preocupante”, por lo que en el pliego petitorio entregado a López Obrador, se integró en el punto número 12 para pedir que no se concesione. “Una inquietud del campesino es que el derecho al agua sea garantizado”.