La prevención tiene el objetivo de evitar la aparición de riesgos para las personas, las familias y las comunidades. Para lograrlo, se implementan acciones que favorezcan que un problema no aparezca o se disminuyan sus impactos. En noviembre de 2009, el Congreso local aprobó la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, primer documento que establece formalmente la obligación del gobierno estatal para prevenir este delito.
En el contenido de la ley se estableció la integración de un Consejo Estatal contra la Trata de Personas, responsable de coordinar las acciones estatales en materia de prevención; asimismo, se estableció la obligatoriedad de participación en materia de prevención a los municipios y, finalmente, se estableció en el título cuarto una base mínima para la implementación de la estrategia estatal para prevenir y asistir a las víctimas.
En el año 2008, el estudio “Trata de Mujeres en Tlaxcala”, dirigido por la doctora Patricia Olamendi Torres, señalaba que la ciudadanía reconocía la existencia de trata en 23 municipios del estado de Tlaxcala. Con la posterior aprobación de la ley para la prevención se esperaría que al paso de los años el número de municipios afectados por esta problemática disminuyera, lo cual no sucedió.
En el año 2014, desde el Centro Fray Julián Garcés se realizó un estudio de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala en el que se demostró que el delito no sólo no ha sido contenido, más grave aún, sigue aumentando, pues la ciudadanía señaló a 35 municipios en los que ubica algún elemento de la trata: existencia de tratantes, existencia de víctimas o lugares de explotación.
La expansión de la trata de mujeres y niñas en más municipios del estado, es en buena medida resultado de la falta de aplicación de la política pública y en los últimos años a una aplicación sumamente débil, como lo documentó el grupo de trabajo que dio seguimiento a la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala. Esta expansión también generó que los ojos nacionales e internacionales visibilizaran a Tlaxcala como caso grave, especialmente por parte de los medios de comunicación.
Durante el primer año de gestión, Marco Antonio Mena se vio obligado a implementar algunas acciones contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, lo anterior, para evitar que en Tlaxcala se decretara la Alerta de Violencia de Género. La acción gubernamental, si bien logró detener la declaratoria, también condicionó al gobierno estatal para que, durante todo su periodo de gestión, continúe implementando acciones que conduzcan a la eliminación de la violencia hacia las mujeres y la trata.
Sin dejar de implementar acciones de sanción a las redes de trata y de protección y atención a las víctimas y sus familias, es prioritario que se implementen acciones que lleven a la prevención. Que inicialmente detengan el delito y paulatinamente lleven a su desaparición, de lo contrario corremos el riesgo de que el problema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual continúe aumentando en el estado.
Desde que la ciudadanía hizo pública la necesidad de actuar ante esta problemática que violenta profundamente los derechos de las mujeres y las niñas –alrededor del año 2004– han pasado tres administraciones estatales sin que alguna haya tenido la capacidad de incidir en la reducción del delito. Esto, por la vía de los hechos, implica que ninguno ha manifestado su compromiso real con las mujeres y las niñas en el estado de Tlaxcala.
La voz de la ciudadanía, desde diferentes espacios, sigue señalando la urgencia de actuar para combatir este delito, especialmente en la prevención, de tal manera que se evite que más mujeres estén en condiciones de ser enganchadas; que más niños aspiren a ser tratantes; y que un gran porcentaje de hombres se convierta en adultos consumidores. La historia también juzgará al actual gobernador y calificará el compromiso que haya tenido o no de combatir este delito.