Con la finalidad de terminar con la asignación discrecional de recursos a las presidencias de Comunidad y los abusos de presidentes municipales en contra de los munícipes auxiliares, la diputada priista Eréndira Cova Brindis presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversos ordenamientos respecto al manejo del erario municipal.
Tras advertir que desde la reforma a la Ley Municipal por al cual se elimina la facultad de los presidentes de comunidad para participar en las votaciones de las sesiones de cabildo, éstos han sido relegados al grado que no son tomados en cuenta para la distribución de su gasto e incluso, en algunos casos, no les asignan salario a éstos.
Por ello, la diputada planteó una serie de adecuaciones tanto a la Ley Municipal, como al Código Financiero y a la Ley de Fiscalización Superior, sin las cuales, dijo “sería imposible una justa distribución de los recursos públicos y la consecuente satisfacción de las necesidades de la población en las distintas comunidades.”
La primera enmienda planteada, en la sesión ordinaria de este martes, es a la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Tlaxcala y sus Municipios, por medio de la cual busca establecer como una obligación del ayuntamiento para que en la aprobación del presupuesto de egresos se dé antes del 31 de diciembre del año inmediato anterior, pero que éste haya sido revisado, discutido y votado por los integrantes del Ayuntamiento, incluidos los presidentes de comunidad.
“De ésta forma se garantizará que los presidentes de comunidad sean corresponsables con el ayuntamiento en la forma en que se ejercerán los recursos públicos que hayan sido asignados a sus respectivas comunidades, a la vez que permitiría una adecuada rendición de cuentas por parte de los presidentes de comunidad hacia sus representados, al tener de primera mano la información con la cual puedan comunicar sobre el destino de los recursos públicos”, explicó.
Respecto a la enmienda a la ley Municipal, ésta se concretaría a fijar que la asignación económica que perciban los presidentes de comunidad deberá ser ajena a las participaciones fiscales derivadas de los fondos federales y estatales, pues “actualmente se ha hecho una práctica en que los ayuntamientos, al aprobar la distribución de los recursos provenientes del Fondo Estatal Participable, impongan a los presidentes de comunidad el deber de cubrir su retribución económica con un porcentaje de los recursos que le son asignados de forma mensual.”
También propuso establecer la obligación y responsabilidad de los presidentes de comunidad de firmar las actas de cabildo y los documentos anexos en los que conste la asignación de las participaciones fiscales que el ayuntamiento otorgue a las presidencias de comunidad, así como firmar la documentación comprobatoria del gasto cuando en ellas se justifiquen erogaciones realizadas.
Además, propuso reformar el artículo 511 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el objeto de que exista concordancia con la propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización planteada, de tal suerte que se establezca el deber de los ayuntamientos de hacer constar mediante acta de cabildo, la forma en que fueron asignados a las presidencias de comunidad, los recursos provenientes de las participaciones fiscales que reciba el municipio, siendo una obligación el que dichas actas sean firmadas por los presidentes de comunidad.
La propuesta fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente.