Por la libre

“No utilizar recursos públicos para favorecer a partidos políticos y candidatos”, es el exhorto que Héctor Marco Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hizo a servidores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno en la entidad.

Esta frase desgastada, de cada proceso electoral, siempre la pasan por alto esos actores que supuestamente reciben capacitación para no vulnerar la ley; les entra por un oído y les sale por el otro. Eso es lo que por años se ha percibido, pero no se han visto sanciones irrefutables. Así todos van por la libre.

El fiscal también sugirió “no violentar las condiciones” de la competencia comicial, sin embargo, advirtió que los funcionarios públicos gozan de derechos políticos como votar, ser votados y asistir a actos de campaña, prerrogativa ambigua porque hasta ahora no se entiende dónde empieza ni dónde termina para el caso de quienes ostentan un cargo de elección popular. Asimismo, recordó que el mandatario estatal es el primer responsable de la gobernabilidad democrática el día de la jornada electoral.

Díaz Santana estuvo en la capital tlaxcalteca el pasado miércoles 11 de abril y escasos días después la coalición Por México al Frente (PAN–PRD–MC–PAC) adelantó que denunciará formalmente al Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) y a algunas dependencias federales por requerir al personal listas de 10 ciudadanos con credencial de elector. En contraste y en ese momento, el alcalde de Apizaco, Julio César Hernández continuaba en funciones y ostentando ya el nombramiento de coordinador de la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya Cortés. ¿Dónde está la congruencia?


Lo real es que las acusaciones solo quedan para ser enjuiciadas mediáticamente porque a las autoridades les ha temblado la mano para castigar. Ejemplos sobran. Uno de ellos es la resolución emitida en noviembre de 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para determinar que el entonces gobernador Mariano González Zarur, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles y el alcalde Adolfo Escobar, violaron la ley al realizar un acto público de entrega de programas en tiempo de campañas electorales locales; sin embargo, los magistrados no especificaron el alcance de la sanción que, a dos años, sigue siendo incierta.