POLÍTICA, MUCHA POLÍTICA

Es difícil que los tribunales ordenen al Congreso local cambiar la integración de las comisiones porque su propia legislación determina que los casos no previstos deben ser resueltos por el pleno, la comisión permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política.

La judicialización de la política es producto de la desconfianza que los ciudadanos han desarrollado históricamente en contra del comportamiento de la clase política y, por lógica consecuencia, del deterioro moral de los partidos.

La ley tampoco es garantía de confirmación de la existencia del Estado de derecho, pues desde siempre ha servido a los intereses del Estado y del mercado, lo que significa que don dinero tenga mucha influencia en las sentencias que de ella emanan.


Mucha saliva y tinta han gastado los legisladores locales para integrar la Junta de Coordinación y Concertación Política, la mesa directiva, el Comité de Administración y, sobre todo, las comisiones ordinarias.

La Constitución Política del estado, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso determinan que todas las fracciones parlamentarias y los representantes de partido deben tener un lugar en la junta, la mesa y el comité.

Lamentablemente no dicen nada con relación al procedimiento con el que han de integrarse las 26 comisiones ordinarias, lo que significa que deba acudirse a la interpretación y a la experiencia desarrollada a lo largo de la vida legislativa.

Al dejar de existir mayoría en el Congreso se ha legislado para que los órganos de dirección sean desempeñados de forma rotatoria por los partidos políticos que son las minorías más grandes, pero cuyo presidente debe ser confirmado o, en su caso, electo por la mayoría.

Ni una sola de las leyes o reglamentos establece que obligatoriamente deban ser incluidos todos en todas las comisiones, de hecho se refiere una limitante: ningún diputado puede estar en más de cuatro comisiones.

El punto de partida de la actual Legislatura fue crear una mayoría y dejar de lado a dos minorías, el problema se presenta cuando esas minorías negocian y se convierte en la nueva mayoría, y cuando se juega con esas reglas, hay que respetar el resultado.

Aunque algunas fracciones o representantes de partido han anunciado que acudirán a los tribunales, hay que señalar que el problema que atraviesa el Congreso local no es legal sino político y así tiene que resolverse.