Al mes de junio del presente año, el Poder Judicial del estado registró ingresos por la cantidad de 113 millones 454 mil 297.34 pesos, indica el primer informe semestral presentado por el magistrado presidente Héctor Maldonado Bonilla.
De esa totalidad, un monto de 105 millones 023 mil 320.49 pesos corresponden al concepto de recursos estatales; cuatro millones 571 mil 670.20 pesos a ampliaciones presupuestales y tres millones 859 mil 306.65 pesos a ingresos propios.
Mientras que los egresos a esa fecha suman la cantidad de 104 millones 832 mil 960.61 millones de pesos y representan 40 por ciento del presupuesto de este ejercicio fiscal. De este monto, 94 millones 369 mil 380.86 pesos fueron gastados en servicios personales, que incluye la nómina.
El Poder Judicial ha erogado la cantidad de tres millones 64 mil 048 pesos en materiales y suministros; siete millones 351 mil 850.71 pesos en servicios generales y 47 mil 681.04 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.
En este informe se da a conocer que a través de una política contable “eficiente”, la tesorería ejecutó acciones relativas al ejercicio del presupuesto de egresos bajo los principios de legalidad, racionalidad, transparencia, honradez y eficiencia.
Asimismo, reporta que de manera oportuna fue entregada la cuenta pública armonizada al Poder Ejecutivo y la correspondiente del cuarto trimestre de 2017 y del primero del presente año, ante el Congreso local.
“Los registros contables se llevan al día, conforme la contabilidad de la información que respalda las operaciones económicas de este Poder”, indica.
También puntualiza que en materia de pago y reembolso de gastos médicos, en el Poder Judicial se implementó la modalidad electrónica, para realizarlo de manera directa mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
“Se ha ejercido el gasto público teniendo especial cuidado en ajustar el mismo a los montos autorizados para los programas, capítulos y partidas presupuestales, existiendo congruencia entre el avance físico y financiero”, sostiene.
Asienta que todas las operaciones efectuadas del 1 de enero al 30 de junio, se encuentran contable y presupuestalmente registradas en el sistema de contabilidad gubernamental y que durante el registro contable y presupuestal de las operaciones, gestión pública y flujos económicos, “se aplicaron estrictamente principios y normas”.