PODER COMUNITARIO. UN COMPROMISO PARA SU DEVOLUCIÓN

Poder Comunitario

Poder comunitario. En agosto de 1995 se reforma la Ley Orgánica Municipal y se determina que los asentamientos territoriales que tengan más de mil habitantes y cuenten con los servicios públicos elementales, escuelas de enseñanza y panteón serán reconocidos como pueblos.

Los pueblos tendrán como autoridad un presidente municipal auxiliar, que después cambia a la denominación de presidente de comunidad. Es distinguido como regidor de pueblo. Se incorpora con derecho a voz y voto a las sesiones de cabildo.

Esto permite que tengan acceso a recursos financieros que otorga la Federación y el Estado transfiere. Es una ley incompleta, porque no determina los mecanismos para que el ejercicio se realice de común acuerdo con la población.


Los presidentes de comunidad se empoderaron al descubrir que si suman sus votos automáticamente dejan fuera de las decisiones al ayuntamiento legalmente electo, a pesar de que sólo fueron elegidos por una comunidad.

De forma directa, sin formalizarlo, varios ediles piden al Ejecutivo local “quitar el voto a los presidentes de comunidad”. Lo que sucede en octubre de 2015 y cobra vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

Al calor de la campaña, los presidentes de comunidad se movilizan y logran que la LXII Legislatura les devuelva el voto, solo que la temporalidad para hacerlo es hasta 2021. Por lo que demandan a la LXIII Legislatura lo haga de forma inmediata.

Los legisladores deberán analizar no solo la devolución del voto, sino las responsabilidades a que quedan sujetos los presidentes de comunidad. Es decir, puntualizar el alcance de las decisiones en un órgano colegiado como el cabildo. Ya que éste no es electo como parte de la planilla.

Resulta transcendente que la autoridad más cercana a la ciudadanía se haga cargo de resolver los problemas. Aunque hasta ahora no han sido capaces de ello, por lo que se requiere una revisión que vaya más allá de ganar reflectores o votos a futuro. Poder comunitario.