El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdova pidió a los integrantes de la LXII Legislatura local garanticen el cumplimiento al acuerdo tripartito respecto de la asignación presupuestal para dicha institución y con ello atender la solicitud de presupuesto que hizo esta casa de estudios por 173 millones 461 mil 745 pesos, a fin de no interrumpir el desarrollo de sus programas.
A través de un oficio, el rector manifestó que la UAT enfrenta un desfase económico de más de 200 millones de pesos, por lo que insistió en la necesidad de analizar con detenimiento su propuesta de gasto para 2018.
Recordó que el recorte al presupuesto ha sido una constante, pues tan solo en 2015 de 139 millones de pesos que les correspondían, el gobierno estatal solo les dio 94; en 2016 de 144 millones 145 mil que le correspondían de conformidad con el convenio de participación, les otorgó 94 millones 418 mil pesos; en tanto que en 2017 solo recibieron 94 millones de 173 millones de pesos, por lo que solicitó a los congresistas analizar su propuesta original que fue debidamente motivada y sustentada.
Por ello, Reyes Córdoba pidió a los diputados atender la propuesta que remitieron a la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado y dejar sin efecto la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, de conformidad con el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Por otra parte, Óscar Fernando Hernández Vázquez, maestro en educación física, demandó la intervención del Poder Legislativo, debido a que el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, se niega a otorgarle la clave docente que obtuvo en un concurso de oposición.
A través de un oficio, el quejoso denunció que a pesar de que obtuvo un resultado “idóneo” al ocupar el lugar 17 en el Concurso de Asignación de Plazas en el subsistema de enseñanza básica local para el ciclo escolar 2017–2018, ha sido relegado.
Relató que después de haber sido aceptado en dicha convocatoria con un resultado “idóneo”, acudió de manera constante a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), pero en ninguna ocasión logró entrevistarse con el funcionario estatal y en días pasados fue informado de “que se encontraban ya ocupadas las 25 vacantes de interinato”.
Situación que causó extrañeza en Hernández Vázquez, porque no le han sido entregadas las órdenes correspondientes para iniciar la actividad para la cual concursó, violentando con ello lo que establece en la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como las garantías individuales establecidas en el artículo 5 de la Constitución Política federal.