Justino Hernández Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), aseveró que “no hay por qué tenerle miedo” a la aplicación de exámenes de control de confianza al personal del Poder Judicial para determinar su ingreso y permanencia en el cargo.
Tras la reciente aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte del Congreso local, el magistrado consideró que este tipo de valoraciones otorgan a la ciudadanía una mayor confianza y seguridad respecto del desempeño de servidores públicos.
Por lo tanto, descartó que estos exámenes representen alguna afectación. “No pasa nada”, subrayó el juzgador.
Refirió que en este momento carece del pulso en sobre la forma en que esta nueva disposición ha sido rebida al interior del Poder Judicial, ya que hasta el momento no ha conocido de ningún comentario por parte de los casi 533 trabajadores.
Justino Hernández abundó que en lo personal pudiera promover una impugnación en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para inconformarse por la aplicación de esas pruebas que determinarán la permanencia del personal.
Confió en que esta misma postura mantiene el resto de magistrados del TSJE, aunque observó que algún trabajador del Poder Judicial de Tlaxcala estaría en su derecho de hacerlo en caso de considerar que esta legislación le perjudica.
Explicó que la ley no puede ser retroactiva en ningún caso, de ahí que las nuevas disposiciones se ejecutarán “para lo que viene”, pero nunca en perjuicio de quienes ingresaron con la normatividad aún vigente al Poder Judicial Local.
Aseveró que previo a la aprobación de esta reforma, el Poder Judicial tuvo acercamiento con diputados del Congreso local pa-ra conocer las propuestas entorno a la iniciativa que se elaboraba.
El pasado martes, la LX Legislatura validó modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para adecuarla al nuevo Sistema de Justicia Penal y garantizar la impartición de justicia de manera “pronta, gratuita, completa e imparcial” en asuntos en materia civil, familiar, penal, electoral–administrativo, ejecución de sanciones y administración de justicia para adolescentes.
Entre otras cosas, el Congreso aprobó que los servidores públicos del Poder Judicial están obligados a someterse a exámenes de conocimientos o aptitudes, y en general de control y confianza para el ingreso y permanencia.