Pide Cortés más análisis a la iniciativa de Ley de Aguas

El diputado Baldemar Cortés Meneses presentó al pleno del Congreso local una propuesta para emitir un exhorto a los integrantes de la Cámara de Diputado federal, a fin de que detengan el proceso de aprobación de la Ley General de Aguas, pues mencionó que es necesario consensuarla y enriquecerla a partir de propuestas ciudadanas.

Desde su perspectiva, la iniciativa, que fue aprobada por las comisiones unidas de Agua y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, adolece de diversas consideraciones, mismas que atentarían contra el derecho humano al agua y además deja abierta la posibilidad de privatizar el servicio.

En la sesión ordinaria de este martes, el diputado de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo por el cual hace la petición de abrir a la discusión de la ciudadanía, en foros de consulta, a efecto de enriquecer la iniciativa y frenar las pretensiones de privatizar el servicio y uso de agua.


“La actual propuesta de ley tiene un enfoque más privatizador que beneficiará a las empresas. Ya lo señaló Gloria Soto Montes de Oca, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quien consideró que dicha iniciativa sí favorece el fracking (fracturación hidráulica), por el mero hecho de que la legislación no la limita, y de que es muy grave que las concesiones para la explotación comercial del agua pudieran ser hasta de 35 años, con posibilidad de renovación”, explicó.

Otra de las posiciones que usó el legislador local para hacer ese llamado a frenar la aprobación de la Ley General de Aguas es la realizada por Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien en su momento enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, lejos de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en 100 litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento legal.

Aunado a ello, explicó que la propuesta de nueva ley es discriminatoria, ya que si bien reconoce el derecho humano al agua para los asentamientos humanos, no lo considera así para cada individuo, con lo cual “abre la puerta a acciones discriminatorias contra grupos indígenas, quienes no fueron consultados.