El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro Corona acusó a personal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de filtrar información respecto de las denuncias penales interpuestas en contra de ex autoridades municipales por delitos en la aplicación de fondos públicos, situación que permite la evasión del ejercicio de la justicia.
Además, el diputado perredista demandó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla para que los magistrados procedan en contra de las ex autoridades municipales que haya lugar y eviten “el tráfico de influencias” para permitirles a los imputados evadir su responsabilidad.
En la sesión ordinaria de este martes, el diputado, en asuntos generales, hizo este exhorto al encargado del despacho de la PGJE, Antonio Aquiáhuatl y al presidente del Poder Judicial para instrumenten “las acciones conducentes que impidan la filtración de información y el tráfico de influencias, con motivo de las investigaciones y órdenes de aprehensión, derivadas de las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior relacionadas con la comisión de posibles delitos detectados en la rendición de cuentas públicas municipales”.
Explicó que de acuerdo con diversas informaciones, han detectado este tipo de conductas y acciones de filtración, situación que afecta las investigaciones e impide sancionar a los responsables de delitos derivados de la incorrecta aplicación de los fondos públicos.
Abundó que “en esta Legislatura se han hecho esfuerzos basados en la responsabilidad y en el cumplimiento de la ley, para que, cuando se han detectado irregularidades al momento de la revisión y fiscalización de los diversos entes públicos, se ha mandatado al OFS a instrumentar los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes y a hacer las denuncias que se deriven de la fiscalización cuando se detecta la comisión de algún delito.
Amaro Corona enfatizó que las denuncias realizadas están basadas en pruebas y elementos objetivos, así como en una colaboración estrecha entre el OFS y la PGJE, de tal manera que, “de configurarse algún delito, las investigaciones conducentes y las peticiones de órdenes de aprehensión, estén debidamente fundamentadas y motivadas”.
Además, puntualizó hay una exigencia legal para que las investigaciones se realicen con la objetividad, el profesionalismo y la secrecía que marca la ley, de tal manera que “no deba de existir ningún tipo de filtración en la información que tienen bajo su resguardo tanto la PGJE, el TSJE y los juzgados penales, pues entonces, la impartición de justicia que exige la ciudadanía se desvirtúa y se fomenta la impunidad y la corrupción.
La exigencia del perredista fue remitida a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su trámite correspondiente.