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En lo que va de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha recibido alrededor de 20 denuncias de trata de personas, informó Arely Saldaña Ortega, agente de Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación de este delito.
Hasta el momento –abundó durante un recorrido efectuado para dar a conocer acciones de fortalecimiento de las instalaciones de esta área-, se han radicado dos carpetas de investigación con órdenes de aprehensión.
De la totalidad de esas 20 denuncias, cinco son de usuarias de la Unidad y están en etapa de indagación, en función del trámite que se debe llevar a cabo por parte de las víctimas, incluidos los exámenes psicológicos, victimológicos, médicos y de trabajo social, para integrar la carpeta junto con todo el informe de investigación en materia de inteligencia.
Precisó que las 15 restantes son anónimas y también se encuentran en la fase investigación. Respecto de 2018, en 2019 se registra un descenso, pues el año pasado se radicaron 21 carpetas de investigación y en este solo dos.
Atribuyó esta situación “a que el delito de trata es muy fluctuante, por la dinámica propia del estado y la forma de captación que se ha detectado, bajo el enamoramiento, cuando se empiezan a cumplir órdenes de aprehensión los tratantes empiezan a tratar bien a las víctimas, por lo que estas no vienen a denunciar”.
Anotó que este método se mantiene como el principal de seducción, por lo que no se le puede relacionar a un delito de secuestro, pues son ilícitos totalmente diferentes. Asimismo, dijo que actualmente no hay denuncias de trata personas en las que se mencione el uso de la violencia, como anteriormente se utilizó.
“La mayoría de víctimas si no es que todas, incluso en las denuncias anónimas, refieren que son personas que las conocen, las enamoran, las captan y las explotan (sexualmente)”, situación que dificulta que los proxenetas sean acusados ante las instancias penales.
La funcionaria respondió que las edades de las víctimas es informe reservado, pero que son variables, ya que muchas son contactadas desde la adolescencia, a los 17 años en promedio, a fin de que puedan ser explotadas al cumplir la mayoría y se presuma que están en esa condición de manera voluntaria. “Sin embargo, están bajo un estado de coacción bajo enamoramiento”.
Abundó que la PGJE trabaja en la ubicación de los municipios con incidencia mayor en cuanto a captación, pues Tlaxcala tiene el estigma de ser una “tierra de tratantes”, debido a que en esta entidad son persuadidas.
“Estas personas, dicen, son de toda la zona sur del estado, lo que es el corredor Tenancingo, Papalotla, San Luis Teolocholco y Acuamanala”, añadió.
Por tanto, en Tlaxcala nada más se ejecuta el reclutamiento a través del enamoramiento, pero la explotación se lleva a cabo en otras entidades. “Muchas víctimas son transitorias, ellos (los tratantes) son de acá, pero las víctimas son de otros estados”.
Sostuvo que en este momento no ha sido identificada ninguna red de tratantes ni se ha recibido alguna denuncia como tal, solo hay señalamientos hacia personas que actúan en forma individual.
Otro problema es que, como “parte del engaño”, los presuntos responsables no aportan su nombre real a las víctimas, por lo que el proceso para dar con el paradero de estos se complica debido a la escasez de datos para la identificación.
A través del Comité Interinstitucional de Trata de Personas se genera una coordinación, ya que algunos tratantes operan en otras entidades, ya que Tlaxcala se convirtió en un estado transitorio para este delito, el cual abarca diversas conductas, indicó.
En la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Trata de Personas han sido atendidas cuatro usuarias durante 2019, quienes al igual que sus hijos ya se encuentran en un refugio de alta seguridad para recibir atención.
“El hecho de que las víctimas vengan a denunciar no quiere decir que van a ser entregadas o revictimizadas, lo que se busca es generar la denuncia, aún cuando sea de manera anónima”, subrayó la funcionaria.
En el caso de la niña Karla N., desaparecida en 2016 en San Pablo del Monte, señaló que no puede aportar datos debido a que la investigación continúa abierta.
En este mismo sentido se pronunció el titular de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien aseveró que no confirma que fue “algún integrante de su propia familia que se la llevó para explotarla sexualmente”, como lo señaló la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa, el pasado lunes en un foro sobre trata.
El procurador afirmó que es respetuoso de esas declaraciones, pues “no podemos dar información de ese tipo… todas las líneas de investigación que traemos desde la fecha de desaparición hasta el día de hoy siguen abiertas”.