Organizar la desconfianza

Una de las tantas secuelas que dejó el reciente proceso electoral a nivel estatal ha sido la manifestación de la desconfianza ciudadana en los líderes, los partidos políticos y en las instituciones reguladoras de la legitimidad democrática. Ello se hizo evidente en el alto índice de abstencionismo electoral. Lamentablemente, pocas voces y plumas se han ocupado de hablar y escribir sobre la disfuncionalidad del régimen representativo en el Estado, máxime que Tlaxcala ha sido una región donde la ciudadanía ha experimentado múltiples alternancias de gobierno. En esta región, el proceso de transición se ha cerrado y la crisis, la desafección y la avería existente en el sistema representativo no parece tener una solución, más bien parece que la ciudadanía se conformó con padecer una amarga resignación democrática.

Actualmente padecemos una avería –ya recurrente– en el sistema representativo, pero ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía ante esta avería, ante esta disfuncionalidad en la representación política?

La primera reacción ha sido el someterse al tutelaje político. Asumir que su participación electoral está comprometida con aquellas y aquellos líderes políticos que tienen la capacidad y suficiente poder para subyugar el voto de sus “subalternos” a través de la coerción. Esta coerción se ha manifestado desde la vía laboral, económica, tradicional y carismática.


La segunda reacción de la ciudadanía ha consistido en otorgar su voto como un agradecimiento al y los políticos en turno por su atención y asistencia a través de los programas sociales.

La tercera reacción ciudadana ha consistido en otorgar un voto condicionado por el peso de las lealtades, los favores recibidos por la comunidad, los rituales, el linaje y las relaciones de parentesco. Y la cuarta reacción ciudadana –que fue la más socorrida en esta elección intermedia– fue la elección del “menos peor”, sea por tradición o porque “más vale bueno por conocido, que malo por conocer”.

Estos y otros ejemplos de la reacción ciudadana a la hora de ejercer su voto no quedan exentos de la inconformidad, la desafección y, sobre todo, de la desconfianza. Tal parece que las propuestas y las campañas políticas no han logrado reducir la incertidumbre y la desconfianza en el electorado. La desconfianza se ha convertido en un sistema invisible que rige los procesos electorales en la región. Esto nos lleva a plantearnos dos pregunta más: ¿Cómo convertir la institución invisible de la desconfianza ciudadana en una institución visible y operativa? y ¿Cómo se puede organizar la desconfianza para consolidar un poder indirecto de control en manos de los ciudadanos?

En primera instancia debe quedar claro que los puestos de elección popular y el poder que delega a los “representantes” formalmente elegidos deben mantenerse fieles a sus principios, y eso principios deben ser sometidos a las exigencias del ciudadano, pues idealmente los políticos deben ofrecer su servicio para el bien común. El ciudadano debe tener por derecho herramientas directas que le permitan tener bajo control el hacer y no hacer de los políticos, por ejemplo, registros firmados en común acuerdo entre los políticos y los ciudadanos organizados para monitorear –por lo menos– los compromisos, las agendas y el uso de los recursos públicos.

Los ciudadanos deben tener vinculación directa con organismos donde puedan exponer y visibilizar la actuación de los políticos y representantes, así como vínculos directos con organismos de control y regulación que puedan amonestar a los políticos y representantes que incurran en incumplimiento, o en su defecto crear acciones de obstrucción pública de sus labores.

Por último, los ciudadanos deben fortificar las herramientas legales y representativas a través del referéndum, consulta popular o plebiscito para retirar de sus cargos y funciones a los políticos que incumplan con lo pactado. Sustituir a los políticos deshonestos y opacos, que quebranten el plan de desarrollo aprobado o que incurran en prácticas corruptas. En resumidas cuentas, el ciudadano tiene que organizarse para vigilar, denunciar y calificar a los políticos elegidos democráticamente. Es necesario que en Tlaxcala los ciudadanos pongan a prueba la reputación del poder, pues la reputación es un elemento importante para restablecer y generar la confianza entre el ciudadano con sus políticos.

Esta acción ciudadana poselectoral nos permitirá regionalmente reducir el abstencionismo, pues la ciudadanía no tendrá sólo la posibilidad de manifestar su enojo, pasividad, animadversión únicamente en los periodos electorales, pues tendría la posibilidad de ampliar sus prácticas políticas y nuevas formas de acción en la actividad democrática. Esto reventaría el mito del ciudadano tlaxcalteca pasivo y tutelado, lo convertiría en un actor activo poselectoral. Se convertiría en un ciudadano que reacciona y actúa ante la impolítica y la simulación.

Uno de los objetivos medulares de PLAZA CIUDADANA consiste en que el ciudadano siempre vigilante del quehacer político exceda cuantitativamente la participación del ciudadano elector. Que el ciudadano pueda moldear el campo de las políticas públicas y establezca prioridades en el actuar gubernamental, consiste en que la ciudadanía construya mecanismos de participación más eficaces que muchas formas de organización institucionalizada. La ciudadanía debe convertirse en un termostato regulador de las decisiones políticas partiendo de los pactos entre los políticos con la sociedad.

Los medios que dispone la ciudadanía organizada para vigilar, evaluar y sancionar son diversos y accesibles, van desde los desplegados de prensa, levantamiento de encuestas, elaboración de informes, la intervención en comisiones especializadas, la elaboración de reportajes y el uso de las redes sociales e internet. El objetivo es captar la atención pública, formar una institución invisible y dispersa que pueda producir efectos importantes en las acciones de los gobiernos locales, por ejemplo, moldear la implementación de las políticas públicas y establecer el orden de sus prioridades comunitarias y estatales. Es importante subrayar nuevamente, que lo que se busca es evaluar la reputación de los gobiernos para renovar la confianza de los gobernados. Esto convierte a la reputación también en un capital y un valor político que el ciudadano debe velar y el político debe alcanzar y mantener. El ciudadano debe comprender que romper la reputación de un político tiene efectos profundos de más largo aliento que otorgarle una simple y coyuntural derrota electoral.

La ruptura de la reputación de los políticos que incumplen los acuerdos está basada en la evaluación y la calificación que el ciudadano da a su ejercicio de gobierno. Esta evaluación debe estar documentada, técnicamente argumentada, cuantificada y debe abarcar tanto acciones personales como acciones políticas generales. El objetivo consiste en elaborar un peritaje de la calidad y la eficacia de su gestión.

PLAZA CIUDADANA no es –en términos de Rosanvallon– un movimiento social, no es un partido político, no busca miembros y adheridos en sentido estricto, no es un sindicato, no es una empresa captadora de capital social, no tiene funciones de representación y negociación social y no representa a actores de la población. Responde a la necesidad de una era en la que el objetivo de la política consiste en tratar situaciones más que en federar grupos estables y gestionar estructuras. Su característica común no es buscar tomar el poder y construir “poder popular”, sino influenciarlo, es decir, radicalizar la democracia en los términos y las reglas de la democracia misma.

Creemos que las necesidades del ciudadano deben centrarse en la renovación de la práctica democrática tradicional, debe impulsar una fórmula que permita reducir los altos índices de desconfianza ciudadana en la democracia. En otros términos, pretende convertir la desconfianza –como institución invisible– en una institución visible y operativa. Pretende organizar la desconfianza para consolidar poderes indirectos de control en manos de los ciudadanos.