ONG exige a gobiernos y a la IP cumplir recomendación de CNDH

Integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron a los tres niveles de gobierno y a la iniciativa privada iniciar los trabajos para elaborar el Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac. Foto:Alejandro Ancona/La Jornada de Oriente

Tras advertir que se mantendrán vigilantes, integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron a los tres niveles de gobierno y a la iniciativa privada iniciar los trabajos para elaborar el Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac, como lo sugiere la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En rueda de prensa, representantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, de la Pastoral de Derechos Humanos–Diócesis de Tlaxcala y del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, fijaron postura respecto de esta resolución, derivada de una queja promovida en 2011.

La semana pasada, la CNDH emitió dicha recomendación, tanto a los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla, como a los alcaldes de Natívitas, Ixtacuixtla y Tepetitla, así como a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “por ser omisos” ante la problemática de contaminación de este afluente, la cual afecta a la población que habita en las inmediaciones.


Al respecto, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, enumeró las exigencias dirigidas a las autoridades tlaxcaltecas. Primero, que  dejen la simulación que caracterizó a las anteriores administraciones gubernamentales.

En el marco –dijo– de una “gobernanza moderna”, a la que ha convocado el titular del Poder Ejecutivo (Marco Antonio Mena Rodríguez), es necesario que la sociedad civil participe en la toma de decisiones que estén relacionadas con el saneamiento del río Atoyac y sus afluentes, “pues hasta antes de la instalación de corredores industriales, los pueblos siempre mantuvieron respeto y cuidado a la madre tierra”.

Pidió que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, autoridades municipales y federales, así como el sector empresarial, inicien con los trabajos interinstitucionales para la elaboración del Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac.

“Involucrando a la sociedad civil como sugiere la recomendación, considerando la política pública existente y estableciendo plazos determinados, así como recursos técnicos y financieros”, anotó.

Requirió que la política pública de desarrollo económico para el estado cumpla integralmente con lo establecido en los principios rectores de derechos humanos y empresas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la legislación nacional e internacional que garantiza el respeto a los derechos humanos.

“Ya que la instalación de empresas en Tlaxcala y en el país no genera desarrollo; nos expone a un deterioro acelerado en nuestra calidad de vida y a la afectación integral de la madre tierra, provocando una total desesperanza en las próximas generaciones”.

Demandó que el Congreso local “gestione y asigne recursos económicos necesarios” para el saneamiento del río y la atención a la salud de la población afectada.

Solicitó que la Cofepris, asesorada por expertos en el tema, cumpla en un plazo corto con la recomendación de la realización de un diagnóstico toxicológico permanente de los riesgos y daños a la salud, por exposición a contaminantes presentes en el Atoyac (como compuestos orgánicos volátiles, entre ellos el benceno, considerado cancerígeno).

ONG pide reparación del daño a afectados por contaminación

Remarcó que estas ONG “nos mantendremos vigilando y evaluando el actuar de las autoridades, en materia de saneamiento del río y en la reparación de los daños a la población afectada”.

Las y los activistas enfatizaron que el gobierno estatal debe acatar la recomendación 10/2017 en los términos y plazos establecidos, de lo contrario, los dichos institucionales quedarán solo en buenas intenciones, como en otras administraciones. Acentuaron que no hay justificación para incumplirla y recordaron que en algún momento trasladarían el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que esperarán a que se emprendan las acciones sugeridas por la CNDH.