Durante la ceremonia por el tercer aniversario de la creación de la División de Gendarmería de la Policía Federal, el gobernador Marco Mena hizo notar que Tlaxcala tiene uno de los índices de criminalidad más bajo según las estadísticas nacionales, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que fue 2016 el año con mayor número de homicidios después de 2013 con 91 y 2011 con 87.
Según las cifras del Inegi, fueron 95 homicidios en Tlaxcala en 2016 –siete muertes por cada 100 mil habitantes, contra seis por cada 100 mil el año previo– y 744 entre 2007 y 2016, con un promedio de 74.4 casos por año. En contraparte, el año con menor cifra de homicidios fue 2007 con 37, luego 2008 con 53 y 2010 con 57.
Tlaxcala ocupa el cuarto lugar con menos homicidios en 2016, sólo por arriba de Aguascalientes que tuvo 46, Yucatán con 64 y Campeche con 93. No hay comparación con el Estado de México con 2 mil 749, Guerrero con 2 mil 542 y Chihuahua con mil 757, donde hubo las más altas cifras.
A nivel nacional hubo 23 mil 953 homicidios en 2016 en una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, tasa superior a la de 2015, de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Un estudio del Instituto para la Economía y la Paz –centro de investigación internacional–señala que el Índice Global de Paz posiciona a nuestro país en el lugar 142 de 162 países evaluados, donde Islandia ocupa el primer lugar y Siria el último. El promedio de paz, que se deterioró 4.3 por ciento en 2016, es similar al de Venezuela, Israel, Mali y Burundi, señala el estudio. Por las muertes violentas en la última década, México ocupa el segundo lugar, luego de Siria, seguido por Afganistán e Irak.
Fue 2016 el último año de gobierno de Mariano González Zarur, año en el que los críticos calificaban a los gobernantes del PRI en el “año de Hidalgo” –en el que presuntamente hurgan en las arcas públicas para ni siquiera dejar algo al sucesor– y se desprenden de sus obligaciones para garantizar seguridad pública y otras obligaciones relacionadas con su ejercicio.
Algunos medios señalaron a colaboradores de González Zarur de estar involucrados en actos delictivos. Entre otros, Jonathan Bretón Galeazzi, Orlando May Zaragoza y Jesús Fragoso Bernal, los cuales, sin embargo, para entonces no habían sido sancionados. Por el contrario, “andan por las calles disfrutando de una libertad inmerecida” (e tlaxcala.com, 30 de noviembre 2016).
Hace un año, el 23 de junio de 2016, el diputado panista local, Julio César Álvarez García acusó al gobierno del priista por la desaparición de casi 23 millones de pesos en fertilizante que no llegaron a los agricultores tlaxcaltecas durante su gestión. Esta es la delincuencia “de cuello blanco”.
Y no sólo eso. En marzo del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador González Zarur y a la presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del estado, Karina Edith Torres Vázquez, por violaciones a derechos humanos cometidas contra personas jubiladas.
Hace unas semanas un empresario de Villalta, Tlaxcala, me relató con lujo de detalles cómo fue que el año pasado entraron a su casa cinco asaltantes armados que lo despojaron de sus pertenencias. Se salvó de la muerte porque respondió al fuego de sus atacantes. Denunció el hecho, pero a la fecha no hubo respuesta satisfactoria de la policía.
Uno de sus sobrinos contó que labora en la industria automotriz y que junto con sus compañeros regresan juntos antes de que caiga la noche, para evitar asaltos, que desde el año pasado se han incrementado. Ya han denunciado los trabajadores muertes con violencia en esos robos, sin éxito.
Pero el hecho que me causó gran impotencia fue la muerte de una de sus hermanas a manos de un explotador de mujeres, que sin piedad la apuñaló. La trata de personas es un delito que se comete a la luz del día y en las narices de la propia autoridad. Los funcionarios están en lo suyo: los negocios redituables.
Si 95 homicidios en Tlaxcala se le hacen pocos al gobierno federal y estatal, el sucesor de González Zarur tendrá que reflexionar antes de comprometerse con la dirigencia nacional de su partido, que ya diseña la estrategia para mantenerse en el poder otros seis años en 2018. A no ser que… gane otro candidato. Porque Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, responsable de la seguridad pública en el país, no ha podido ganar la batalla al crimen organizado.