Nada que conmemorar en el Día Internacional de la Mujer; persisten los pendientes

Este miércoles, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Poder Legislativo realizó un acto en el que las participantes dieron cuenta de la realidad que viven las mujeres en la entidad

Nada que celebrar y mucho menos que presumir en Tlaxcala respecto a garantizar a las mujeres una vida sin violencia o para asegurar una verdadera equidad en el ejercicio de la función pública o en la vida laboral.

A pesar de los avances normativos que tiene la entidad, éstos no han sido suficientes para incidir en la erradicación de conductas atípicas en contra de las mujeres, refirieron activistas e integrantes de la actual Legislatura local.

Este miércoles, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Poder Legislativo realizó un acto en el que la diputada Floria María Hernández Hernández y otras mujeres dieron cuenta de la realidad que vive la entidad, en donde la desigualdad, la violencia y los feminicidios son actos que siguen ocurriendo sin la debida sanción.


“Acto ilegal que no se sanciona, se repite”, reza un refrán que en los hechos aplica en contra de las mujeres.

En su calidad de vocal de la Comisión de Equidad y contra la Trata de Personas, la diputada Floria Hernández enfatizó que “con orgullo podemos señalar que gracias a la lucha de muchas mujeres, hoy contamos en Tlaxcala con importantes avances en materia legislativa que tutelan nuestros derechos humanos”, pero que no inciden en combatir diversos flagelos.

Abundó que si bien Tlaxcala cuenta con la Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares  2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Tlaxcala 47.3 por ciento de las mujeres de 15 y más años de edad ha sido víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de su relación”.

“Aunque esa ley establece las órdenes de protección para resguardar a las mujeres víctimas de violencia y evitar que sean lesionadas y asesinadas, no se decretan por parte del Ministerio Público o jueces”, lo que evidencia una falla del sistema.

Además, puntualizó, esa norma establece la creación y aplicación del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, pero “no existe en la entidad ese programa, ni muchos menos se han destinado recursos para ello”, lo que convierte a esa disposición en literalmente “letra muerta”.

La diputada Floria Hernández también se refirió que a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual regula y garantiza el derecho a un trato digno y respetuoso, así como a la generación de oportunidades, considerando la igualdad sustantiva en las condiciones entre mujeres y hombres, que permitan erradicar la discriminación de la mujer. “Al menos en empleo, por citar un solo rubro, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi informa que la tasa de participación en el mercado laboral en Tlaxcala, en el segundo trimestre de 2015, desglosada por sexo, indica que 47.6 por ciento de mujeres tiene empleo por un 80 por ciento de hombres ocupados”, un ejemplo más –dijo–, de la desigualdad.

Y como ocurre con otras disposiciones, esa ley obliga al gobierno estatal a crear el Programa Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres, pero “en los hechos no existe ese programa y se carece de recursos para ello.

De la misma manera, detalló que existe la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, pero el diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, señala que “el estado de Tlaxcala se encuentra identificado como una de las zonas de incidencia, tanto de captación como traslado y explotación de víctimas. Observa la incidencia del delito de trata de personas en 15 municipios, entre ellos: Acuamanala, Apizaco, Ayometla, Contla de Juan Cuamatzi, Teolocholco, Papalotla, Mazatecochco, Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan y Zacatelco. Además de señalar que de las denuncias presentadas, el 88 por ciento queda como actas circunstanciadas, es decir, que no se lleva investigación alguna.

La legisladora Floria Hernández relató que la situación se agrava cuando se trata del delito de feminicidio, hasta ahora, sin sancionarse por las autoridades estatales.

“Del año 2010 a 2016 se registraron 22 averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos de mujeres y niñas. Sin embargo, desde marzo de 2012, año en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Tlaxcala, a la fecha no se ha registrado una sola averiguación previa o consignación ante los tribunales por tal delito. Por tanto, no existe una sola sentencia condenatoria por feminicidio, pese a que existen datos suficientes de que se cometió el homicidio por razones de género”, lamentó.

En el mismo tenor, la activista Laura Bautista González lamentó que los diagnósticos sobre derechos humanos, tipos de violencia y el  estudio sobre mujeres privadas de su libertad en Tlaxcala estén guardados en un “escritorio”.

“Se hace un diagnóstico sobre Derechos Humanos de las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, guardado en el escritorio; un diagnóstico sobre los tipos de violencia contra las mujeres desarrollado en 60 municipios en el estado y está guardado en el escritorio; se hace un estudio sobre mujeres privadas de su libertad en Tlaxcala desde una perspectiva, guardado en el escritorio”, lamentó.

Además, refirió  que tampoco se utilizan herramientas para atender la problemática de este sector, porque “se creó un protocolo de atención e investigación del delito de trata de personas y lenocinio porque en ese entonces así era el delito que no se usa, hay un protocolo de actuación o intervención de los cuerpos de seguridad en materia de violencia familiar para el estado de Tlaxcala y no se usa”.

Por ello, se pronunció por evaluar y reconsiderar lo que no ha funcionado en Tlaxcala y generar los mecanismos de coordinación a través de contralorías ciudadanas que vigilen el cumplimiento de las acciones.