La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) multó a 35 empresas con 3 millones 362 mil 175 pesos de enero al 24 de julio de 2017 en Tlaxcala, debido a omisiones a la ley, informó la delegada de la dependencia, Viviana Barbosa Bonola.
De las sanciones impuestas, dijo que en ocho casos fueron por negativas patronales a inspecciones en el centro laboral y el monto de las multas fue por 528 mil 430 pesos. En cuatro casos se impidió la supervisión en materia de seguridad, salud e higiene en el trabajo; en dos sobre condiciones generales de trabajo; en una sobre capacitación y adiestramiento; y en la restante sobre las tres materias de revisión en una textilera donde se registró un accidente y no hubo apertura ni disposición para realizar la inspección.
El monto global de la multas aplicadas en lo que va de 2017 representa el 22.7 por ciento de los 14 millones 817 mil 470 pesos por este concepto en todo 2016, mientras que las sanciones por negativas patronales para que se realicen las inspecciones equivalen al 39.2 por ciento del millón 348 mil 300 pesos aplicado en todo el año pasado contra 21 empresas.
Barbosa Bonola precisó que este año se han resuelto 50 procesos contra centros laborales y 35 casos resultaron condenatorios por los 3.3 millones de pesos ya referidos, 14 fueron absolutorios y uno fue improcedente. Con estas acciones se beneficiaron mil 478 trabajadores del estado.
En otro tema, dio a conocer que el pasado 18 de julio recibió la denuncia de un trabajador por el despido de 50 empleados en una empresa de seguridad privada en Chiautempan.
“La persona manifestó que poco más de 50 trabajadores fueron despedidos de este centro laboral y denunció que la empresa no proporciona vacaciones, no cubre a tiempo los salarios de la quincena ni da aguinaldo”, especificó.
Ante ello, la STPS envió una inspección a la empresa y la parte patronal respondió que va a presentar la documentación administrativa en un plazo de cinco días que le permite la ley.
La delegada invitó a las personas afectadas a que presenten sus quejas para que reciban la atención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) para darles orientación y asesoría en caso de que decidan presentar una demanda.
En la inspección se detectó que la empresa de seguridad privada ha cambiado de manera constante de domicilio y la razón social la ha modificado en diversas ocasiones. Los empleadores argumentan que a consecuencia de perder una licitación es que concluyeron la relación laboral con varias personas, pero será hasta que presenten las evidencias que acrediten la no vulneración de los derechos de los trabajadores, es como se va a concluir este asunto.