Mujeres y hombres en condiciones de pobreza en México

Carlos David Solorio Pérez*

Como asegura Guzmán (2009: 153): “la revisión de los indicadores de género en algunos programas revela que el término “mujeres” se concibe igual al de “género”; pero se ha descuidado la complejidad de este término que, por una parte, incluye a los hombres y, por la otra, obliga a que sean equivalentes sus posibilidades de desarrollo social, económico, político y de todos los aspectos que implican una vida digna y plena en el ejercicio de sus derechos humanos. Por ello se ha descuidado el aspecto de los hombres en su vinculación al desarrollo del combate a la pobreza; así como el que los programas promueva en ambos, hombre y mujer, la igualdad equitativa en sus relaciones, derechos y obligaciones tanto al interior de la familia como en cuanto a la comunidad y sociedad en general. Esta perspectiva de género ha de impactar las políticas públicas en todos los aspectos, hacia una estrategia integral de combate a la pobreza.

Prospera le dedica un apartado de menos de una cuartilla para hacer referencia a la perspectiva de género que tiene el programa, a diferencia de lo enunciado en Oportunidades que era una perspectiva que guiaba todo el programa (aunque eso no se evidenciaba en la realidad). En lo general, Prospera plantea la relación con la perspectiva de género semejante a lo que ya implementó Oportunidades: dirigir el apoyo hacia las mujeres, que las niñas y las jóvenes reciban un poco más de dinero que los niños para incentivar que no deserten de la educación formal; y no más. Se trata de continuar con un enfoque de discriminación positiva hacia la mujer, mayormente en niñas.


El Acuerdo se limita a mencionar: Por cada familia beneficiaria se identificará a una titular, generalmente la madre de familia, quien recibirá directamente los apoyos monetarios y deberá tener una edad de 15 o más años.

Como se observa, se da preferencia a la figura de mujer–madre para ser la responsable de la familia beneficiada. En la salud, como se había indicado en el apartado previo, se hace alusión a la mujer–esposa, al hombre–esposo pero no al hombre–padre como responsable de la salud, muerte y natalidad desde una identificación con ser hombre en relación con los demás y que desde dicha construcción social actúe en otros espacios, tanto públicos como privados.

Al respecto, puede aplicarse a lo analizado de Prospera lo que Saucedo (2013: 62) aseguró de Oportunidades: que refuerza las desigualdades de género gracias a los valores morales que diferencian y posicionan a la mujer en un lugar inferior al hombre; y, en el mismo sentido, Esteinou señaló: (…) cada momento histórico tiende a articular las desigualdades de manera diferente en concordancia con el tipo de sociedad, por lo que las asimetrías o desigualdades en la estructura de poder entre los géneros se expresan con matices diferentes y adquieren una connotación cualitativa distinta, aunque en apariencia sean iguales (2008: 161).

Diversas investigaciones enuncian que es a la mujer a quien se le ve como la responsable de las labores domésticas y se naturaliza su papel de mujer y madre desde el Estado (Kabeer, 1999; 2006, González de la Rocha, 2006; Molyneux, 2006; Tepichín, 2005; 2010b y Saucedo, 2013).

En semejanza a la manera en la se concibió a la mujer como apoyo del hombre, en las políticas asistencialistas se concibió al hombre como proveedor y asalariado (Zaremberg, 2009: 19), y se tomó de base el salario mínimo con el cual el hombre estaría en condiciones económicas de proveer lo necesario a su familia. Dicho salario mínimo no representa lo que una familia requiere para satisfacer sus necesidades; a lo que hay que agregar que tampoco proviene únicamente del hombre. Esto implica que la perspectiva de género de los programas sociales como Prospera no han de encasillar al hombre en su papel de proveedor ni a la mujer como su ayuda en tal provisión; sino que ambos sean concebidos con ambas posibilidades en igualdad, que puede ser que la proveedora principal sea la mujer y el hombre como su apoyo y, además, que ambos sean involucrados en dicha igualdad en los otros aspectos de cuidado de la familia (hijos, tareas domésticas, atención de enfermos, etcétera); o que, también, es posible que se trate de otras configuraciones de familia, como las monomaternales sin presencia del hombre. Una política pública que esté encaminada a ser transformadora o redistributiva de las relaciones de género debe de involucrar tanto a hombres como a mujeres en los mismos espacios de acción (Solorio, 2015).

Arriagada (2009) presenta una propuesta para mejorar lo realizado hasta ahora en las políticas sociales, ya no con un enfoque asistencialista que ha resultado inefectivo en el combate a la pobreza:

Para este nuevo siglo, es posible definir un nuevo modelo de políticas sociales de tercera generación, el cual reconozca la contribución de las familias y la comunidad al bienestar de las personas (…) Para ello, es preciso: 1) orientar las acciones hacia las causas de la pobreza y la desigualdad, y no sólo hacia sus manifestaciones; 2) buscar la participación activa de los involucrados instándolos a un diálogo que los considere como actores dinámicos, y no como meros receptores pasivos de beneficios y subsidios; 3) definir y hacer valer sus derechos y sus necesidades, así como el tipo y la calidad de los servicios que requieren y, por último, 4) atender las demandas y las necesidades de los actores que por lo general no han sido escuchados, como los jóvenes, las mujeres y los grupos indígenas y afrodescendientes, quienes requieren políticas específicas y diferenciadas (Arriagada, 2009: 38-40).

A la propuesta anterior, se debe añadir el apostar por la implementación de una perspectiva de género de manera institucional (Zaremberg, 2013) ya que “uno de los principales problemas que enfrentan las políticas públicas de género es su fragilidad frente a los cambios de gobierno” (Arriagada, 2009: 61).

En los programas federales puestos en marcha como Progresa, Oportunidades y hoy Prospera: (…) se enfatiza la presencia de unas figuras con objeto de defenderlas ideológicamente (niños y mujeres), mientras que otras figuras aparecen oscurecidas con objeto de culpabilizarlas (el varón adulto), aunque no se lo quiera explicitar (Pont, 2010:103).

No es una respuesta acerca del por qué los hombres no son considerados con el mismo rol protagónico que la mujer en las corresponsabilidades del programa; pero hace que se considere que quizá niñas y niños, mujeres y adultos mayores son las víctimas de la pobreza y los hombres de dichas familias no sufren la pobreza sino que son los culpables o son las figuras irresponsables. Y, a juzgar por lo que se ha hecho en los tres programas, al hombre–padre y esposo pobre se le ve como poco confiable para ser el que administre el dinero de los programas federales enfocados a la familia. A la vez que el hombre es menospreciado en su aporte a la superación de la pobreza en la familia, se le quita su parte de responsabilidad que, por ello, se ha transferido a la mujer; por lo que el rol idealizado de ella implica una carga mayor que contribuye a reforzar su naturalización del cuidado de la familia en todos los aspectos, incluido el de la proveeduría de los medios de subsistencia.

Así que la culpabilización de los hombres y la victimización de la mujer en los programas sociales contribuyen a abrir la brecha de desigualdad entre géneros y, por ello, a la pobreza.

A lo anterior vale la pena preguntarse cómo conciben, quienes diseñan y son los operadores del programa social en turno, a los beneficiarios; si se basan en prejuicios, en mitos, en ideas preconcebidas que poco o nada tienen que ver con la realidad pero que, al impulsarse como políticas públicas, contribuyen a modificarla, a generalizar una determinada construcción de sentido en torno a lo que es ser pobre como mujer y como hombre. Quizá desde ese punto se deba hacer una concientización sobre quiénes son las personas que “ayudan” a su otredad en pobreza. Y, asimismo, que, como parte de una política pública articulada institucionalmente, los programas sociales contribuyan a que se construyan nuevos sentidos que aporten a la superación de las condiciones de pobreza, entre ellas, la desigualdad entre hombres y mujeres.

*Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Baja California. Miembro de la Red de Estudios sobre Familias.