México, paraíso para los grandes contaminadores

Omar Arellano Aguilar*

Estamos en medio de las re–negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 1994, año en que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) evidenció internacionalmente la desigualdad en el trato hacia los pueblos indígenas en nuestro país. Este acuerdo comercial fue histórico para el continente, pues entrelazó a tres países en un bloque regional cuyo interés se basó en crear una zona privilegiada de libre comercio. Para poder llegar a los acuerdos comerciales se establecieron reglas no sólo en la operación y mecanismos económicos, sino también en criterios ambientales que, en principio, conducirían a que México incrementara sus estándares internacionales de control y prevención de la contaminación. La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte representó el primer Tratado ambiental suscrito en paralelo con un convenio comercial.

El objetivo de la Comisión fue promover la cooperación para proteger los ecosistemas y apoyar el desarrollo económico sustentable, asegurando la participación activa de los ciudadanos y la transparencia en sus actividades. El trabajo de la Comisión se ha desarrollado en varios ámbitos: cambio climático, ecosistemas, aplicación de la legislación, economía sustentable, contaminantes e informes independientes en materia de medio ambiente. Respecto a la contaminación, el tratado trinacional incidió en cambios regulatorios en México y la creación de nuevas normas ambientales con el afán de estimular buenas prácticas de la industria mexicana y que pudieran ser competitivas con las de Estados Unidos y Canadá.


Uno de los instrumentos de transparencia instaurados en México en 1996 fue el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC), que ya existía en los otros países como Inventario de Emisiones de Contaminantes (TRI, por sus siglas en inglés) en EUA y el Inventario Nacional de Emisión de Contaminantes (NPRI) en Canadá.

Sin embargo, desde antes de la firma del Tratado se alertaba de la laxa y, en algunos aspectos, inexistente regulación ambiental de México para el control de la contaminación química que podría causar que empresas de los países con estándares ambientales más estrictos encontraran en México condiciones para aumentar su actividad productiva sin restricciones ambientales fuertes.

Un análisis del entonces Instituto Nacional de Ecología (INE) (Ponce Nava, D. “Comparación de la legislación ambiental de México, Estados Unidos y Canadá”. Revista de Administración Pública, 1993) advertía que, mientras Estados Unidos y Canadá contaban con leyes que reflejaban la adopción de estrategias que intentaban resolver los problemas ambientales, en México no se contaba con ellas en las leyes vigentes de aquellos años. En consecuencia, se preveía un alto riesgo que causarían las emisiones de contaminantes en el país al irse instalando nuevas industrias.

Ahora, después de más de 20 años de vigencia del TLC y en el contexto de su actual renegociación, el balance final en la política ambiental mexicana respecto al control de la contaminación parece haber cumplido las predicciones hechas en el estudio del entonces INE. La contaminación química se ha incrementado sustancialmente causando degradación de los ecosistemas, particularmente en los acuáticos y en suelos por el uso indiscriminado de fertilizantes y agroquímicos. Aun cuando se ha avanzado en el marco regulatorio en algunos casos como la Ley de Responsabilidad Ambiental o las normas ambientales para la emisión de contaminantes atmosféricos, algunos instrumentos regulatorios no han sufrido ningún cambio en más de 10 años.

Tal es el caso de la norma para el control de contaminantes que se descargan a través del agua residual de tipo industrial y municipal (NOM–001–Semarnat–1996) o el Catálogo Oficial de Plaguicidas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Mientras que en nuestros vecinos comerciales existe una regulación clara, precisa y actualizada del manejo, transporte y destino ambiental de las sustancias químicas y de sus residuos, en nuestro país poco se ha hecho para actualizar no sólo el registro RETC o las normas que regulan la emisión y descarga de contaminantes al ambiente. Durante estos años se han mantenido leyes ambientales laxas que han favorecido a las grandes trasnacionales, particularmente a las mineras e industrias manufactureras. Asimismo, se ha propiciado el crecimiento de corredores industriales cuyas Manifestaciones de Impacto Ambiental escasamente contemplan la capacidad de carga de los ecosistemas, provocando con ello que la saturación de contaminantes no sólo impacte al ambiente, sino que ponga en riesgo la salud de los habitantes cercanos.

Casos emblemáticos del deterioro ambiental por contaminación química industrial son las afectaciones en las cuencas de los ríos Grande de Santiago en Jalisco y Atoyac–Zahuapan en Puebla y Tlaxcala. Las preguntas que surgen ante los resultados ambientales del TLCAN son: ¿Qué se está renegociando ahora y por qué se promueven acuerdos de confidencialidad? Habrá que recordar en todo momento que nuestro país tiene un capital natural invaluable y que debemos conservarlo para las generaciones futuras. El control de las sustancias químicas y prevención de riesgos ambientales por contaminación debe alcanzar estándares homogéneos en los tres países, pues de no hacerlo, México seguirá pagando los costos ambientales del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local / Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.