Más que números

En la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia delictiva en México, se publicó la Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género en cumplimiento del acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para la creación de una plataforma que contenga información sobre la violencia hacia las mujeres de todo el país. Para alimentar esta plataforma, las entidades federativas están obligadas a suministrar información como lo establece el acuerdo 04/XLII/17.

El índice de trata de personas de cada una de las entidades federativas es uno de los cuatro delitos del fuero común contemplados en esta plataforma. Por ejemplo, de acuerdo con los datos proporcionados en esta Información delictiva, en el periodo de enero a marzo de 2018, Tlaxcala se ubicó como primer lugar en la incidencia de este delito de delincuencia organizada con un total de 13 presuntas víctimas, es decir, aproximadamente cuatro mujeres por mes. Asimismo, la Procuraduría de este estado reportó que el Ministerio Público recibió en enero cuatro víctimas, tres en febrero y seis en marzo, todas ellas mujeres, dos de ellas menores de edad, siete mayores de 18 años y cuatro sin registro de su edad.

Desde la posición gubernamental, siempre se ha optado por minimizar las problemáticas de violencia. De hecho, desde ahí se ha justificado la falta de implementación de políticas públicas –o una implementación mínima– ante problemas graves como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Por varios años, las autoridades tlaxcaltecas han señalado que el índice de esta violencia extrema hacia las mujeres no se compara con la que viven otros estados, sin embargo, las cifras oficiales muestran lo contrario, pues la Ciudad de México y Chihuahua, estados con una población mucho más grande que la de Tlaxcala, sólo reportaron 10 víctimas en el mismo periodo. El vergonzoso hecho de seguir ocupando los primeros lugares es resultado de la sistemática resistencia por parte de las autoridades para implementar políticas públicas que realmente enfrenten el problema de la trata.


Si bien está plataforma revela el índice de víctimas por entidad federativa, es aun carente de la identificación del índice de tratantes detenidos y sentenciados con especificidades como la edad, función en la red, lugar de origen de los tratantes como elementos mínimos para abonar en la creación de política públicas de prevención para evitar la reproducción social de las redes de trata.

En el registro también salta a la vista la cantidad de víctimas en las que el Ministerio Público no registró su edad, hecho que coloca a las víctimas en condiciones de riesgo, victimización y la limitación de sus derechos, como el acceso a albergues, casas de medio camino o refugios donde les sea proporcionada atención médica y psicológica, pudiendo incluso realizar su declaración anticipada y que, además, pueden cubrir sus necesidades como lo establece el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

El Grupo de Trabajo que dio seguimiento a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres planteó en su dictamen que sólo el protocolo de feminicidio cumplió con el orden jurídico vigente. Ante ello, el gobierno de Tlaxcala elaboró un Protocolo Único e informó que el personal involucrado en su implementación ya fue capacitado, eso quiere decir que los funcionarios públicos tienen los elementos suficientes para identificar si es una víctima, su edad y con ello cumplir con el principio del interés superior de la infancia, sin embargo, el que no hayan registrado la edad de la víctima de trata da un mensaje de que el personal en realidad no está preparado para atender una víctima.

La trata de mujeres y niñas no es un problema aislado. Es claro que las condiciones de vulnerabilidad generadas por la falta de políticas sociales, coloca a mujeres y niñas en condiciones idóneas para ser enganchadas por las redes de trata. Por otra parte, estar en un ambiente violento también se suma a esta condición de vulnerabilidad. Es necesario que el gobierno del estado realice un análisis sobre esta plataforma de información en el país, debido a que en ella también se reportan otros delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, tal es el caso de 17 mujeres que han sido víctimas de lesiones dolosas, una víctima de feminicidio y siete víctimas de homicidios dolosos. Este último delito, de acuerdo con el artículo 237 del Código Penal para el estado libre y soberano de Tlaxcala, establece que un homicidio doloso hacia la mujer se le puede considerar feminicidio en los casos donde se compruebe que es por razones de género, tarea que el gobierno del estado tiene pendiente. Como bien lo plantea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su presentación, estos datos no deben ser solo cifras sino deben tener la finalidad de crear políticas públicas.