Lo que mal empezó, mal terminó. Nuestros legisladores, en funciones y con licencia, que buscan la reelección o un nuevo cargo, han dejado a su paso por el ejercicio de la función pública un mal ejemplo; se pasaron esta Legislatura entre acuerdos políticos sin importar el incumplimiento de disposiciones constitucionales y legales.
En su mayoría, ejercieron el encargo con fines personales, lo cual trastoca su función de representantes populares. Al inicio de la Legislatura prevaleció el acuerdo político en el reparto de espacios, comisiones y designaciones de órganos administrativos y técnicos, y representación legal. Todo ello se replicó en la asignación presupuestal, dinero, apoyos y gestión.
No solo eso, en esencia, legislaron para su beneficio reeleccionista o en la búsqueda de un nuevo cargo. Aprobaron enmiendas a las leyes secundarias para acortar la duración del último periodo de sesiones, también el plazo para separarse del cargo; perder el poder antes de tiempo nunca fue su intención.
Por eso, en la última sesión ordinaria de su mandato constitucional, los diputados hicieron un bacanal. Violando la Constitución Política y Ley Orgánica del Poder Legislativo, omitieron llamar a los 11 diputados suplentes para ocupar las vacantes que dejaron los aspirantes a la reelección o a un nuevo cargo.
También se volvieron a repartir las comisiones ordinarias que dejaron los vacantes, sin atender que con ello violaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que ningún diputado puede integrar más de cuatro representaciones parlamentarias y eso hicieron, porque algunos congresistas ahora forman parte de hasta nueve comisiones permanentes, como el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.
Sin recato y sin atender el procedimiento parlamentario correspondiente, a ,pesar de que el periodo para entregar la cuenta pública de poderes, organismos autónomos y el resto de entes fiscalizables concluye este lunes, antes de irse aprobaron la distribución de los excedentes de las participaciones federales. Nunca se conoció de esa iniciativa que debe remitir el Ejecutivo local.
Al Legislativo le corresponderán 5 millones 22 mil 603.13 pesos e históricamente, se dice, que dichos excedentes son distribuidos en partes iguales entre los congresistas. Ahí la urgencia de su aprobación. Como empezaron, así terminaron los diputados, entre acuerdos políticos y beneficios personales, y con muchas y casi incontables omisiones.