Lucrando con el dolor

Desde su publicación en 2007 de La Doctrina del Shock, de la canadiense Naomi Klein, quedó demostrado que para el capital, todos los eventos traumáticos que dejan en estado de extrema vulnerabilidad a los seres humanos, son una oportunidad única para avanzar en la imposición de su modelo de explotación y despojo. En esa obra ya clásica del pensamiento crítico contemporáneo, se analizan desde múltiples perspectivas el origen, desarrollo y consecuencias de fenómenos tales como: la guerra de las Malvinas en Argentina, los supuestos ataques terroristas a las torres gemelas en USA, el devastador tsunami de Indonesia, o la ola de destrucción que dejó el huracán Katrina en Nueva Orleáns, entre otros, concluyendo que estos desastres, independientemente de sus orígenes, sirvieron para reforzar y radicalizar el modelo del capitalismo neoliberal: la guerra de las Malvinas se utilizó para legitimar al gobierno golpista en el poder en Argentina; la masacre de las torres gemelas sirvió para eliminar las libertades civiles de los norteamericanos al mismo tiempo que se justificaba la invasión de Afganistán y luego de Irak para apoderarse de su riqueza petrolera; la destrucción provocada por Katrina sirvió para reestructurar los planes urbanos de la ciudad, expulsando hacia las afueras a los pobladores con menos recursos.

En este contexto, los desastres naturales constituyen para el sistema una oportunidad inigualable no sólo de lucrar económicamente con el dolor, sino de sentar las bases para avanzar en el despojo o en la implementación de mayores controles sobre la población, y eso es lo que estamos viviendo en estos días, después del terremoto del 7 de septiembre y de los diferentes meteoros que han asolado el sureste mexicano, especialmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, los que, casualmente, mantienen mayores índices de marginación y pobreza, al mismo tiempo que son los mayoritariamente poblados por grupos indígenas caracterizados por defender sus recursos naturales y sus territorios.

Ante los miles de damnificados, una vez más, se movilizó la generosa solidaridad de la sociedad civil mexicana que empezó a colectar y enviar ayuda preferentemente a través de organizaciones civiles, pues las gubernamentales, no sólo carecen de credibilidad, sino que, como en el caso de Veracruz, se hicieron llegar a los sectores afectados más afines al gobierno en turno y además con su logotipo. Pero en esta ocasión a través de las redes sociales se denunció que en el caso de Oaxaca, muchas organizaciones civiles que llevaban ayuda de manera independiente, fueron detenidas por las “fuerzas del orden”, y la ayuda fue decomisada, porque “por orden del gobernador”, sólo las instituciones gubernamentales autorizadas podían repartir la ayuda, seguramente a quienes ellos quisieran y con su sello partidista.


Por otro lado, movimientos ciudadanos en resistencia han llamado a estar alerta, porque ante la devastación, los gobiernos preparan “programas de reconstrucción” que incluyen “proyectos de desarrollo” que han sido rechazados por las comunidades anteriormente, como los de minería a cielo abierto, o los proyectos hidroeléctricos. Otro tema sobre el que la sociedad debe estar atenta, es el de las escuelas, cuyos edificios han sido dictaminados como con “graves daños estructurales”, tan graves, que según los expertos sale más barato derrumbarlos y construirlos en otra parte, que repararlo. Todo se vale con tal de ganar.