A menudo los gobiernos estatales manifiestan como parte de las agendas públicas los planes de desarrollo industrial en los que pareciera que el análisis de impacto ambiental y social son inexistentes. Resultado de lo anterior se va generando un agravamiento de las condiciones de contaminación y destrucción de la naturaleza, pero también se va generando agravamiento de las problemáticas sociales.
A finales del mes de octubre, un medio de circulación electrónico señaló que en el municipio de Huamantla, la prostitución se estaba agravando como un efecto directo de la presencia de personal extranjero que opera en la armadora automotriz Audi, ubicada en San José Chiapa, en el vecino estado de Puebla. Históricamente son los espacios donde fluye el dinero y existe una amplia presencia de hombres donde se establecen los puntos de explotación sexual de mujeres y niñas tratadas, estos primeros indicios deben ser una preocupación gubernamental y social, ya que,si ahora no se toman las medidas adecuadas, el efecto que empezamos a ver puede ser de mayores dimensiones.
No es que se esté en contra de la generación de empleos sino de los efectos no deseados que pueden generarse. Es innegable que en la última década han aumentado los puntos de explotación sexual en el estado de Tlaxcala, primero sobre las carreteras, algunas, como la vía corta Santa Ana–Puebla, que coinciden con zonas industriales, otras como la carretera a Calpulalpan que más bien se caracteriza con un amplio flujo de choferes, es decir de hombres. Ahora se está sumando el municipio de Huamantla como efecto de la armadora, pero podría ser afectado no solo el municipio, sino toda la región.
Desde el año pasado, la preocupación por la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual llevó a la ciudadanía a solicitar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y a pesar de que no fue decretada, el conjunto de recomendaciones hechas tanto en el informe como en la resolución, dejan en claro que la problemática es grave y que el gobierno del estado tiene mucho por hacer para enfrentar esta violencia que afecta fundamentalmente a las mujeres jóvenes y adolescentes.
Hoy siguen los retos para enfrentar esta problemática ante un contexto que se agrava, por ello es fundamental que se dé continuidad a las campañas que se iniciaron el año pasado y que se midan los impactos sociales que tuvieron, pues si estos no son los esperados habrá que replantear la acción para que tenga incidencia frente al delito de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; es urgente la implementación de políticas públicas educativas que en el mediano plazo impidan que por desconocimiento las adolescentes sean enganchadas y explotadas sexualmente, también que modifiquen las prácticas machistas desde las que los hombres nos construimos como explotadores y consumidores; ahora con los nuevos elementos que se generan a partir de los polos industriales de “desarrollo”, habrá que incluir en la agenda gubernamental el trabajo articulado con los municipios; además en una coordinación interestatal, deberá trabajarse con las empresas, no focalizando en los fines de explotación laboral, pues no es lo que está ocurriendo, la articulación tendrá que llevar fundamentalmente a prevenir que los trabajadores sean quienes se conviertan en uno de los principales sectores de demanda sexual y en este sentido detonen la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la región Puebla–Tlaxcala.
Un “desarrollo” que violenta los derechos humanos, para este caso especialmente de las mujeres y las niñas, no es un desarrollo real, pues éste implicaría un verdadero compromiso para garantizar los derechos a vivir libres de violencia, trata y de explotación sexual. Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrolla la problemática de la trata con fines de explotación sexual en la región de Huamantla y también muy atentos a las medidas que el gobierno estatal tomará.