Los índices de trata en Tlaxcala según el SESNSP

De enero a mayo, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respecto a la incidencia delictiva del fuero común, señala que en el país se registraron 129 víctimas de trata, de ellas 13 fueron reportadas por las autoridades de Tlaxcala, es decir, prácticamente una de cada 10 víctimas en el país fue reportada desde aquí.

A pesar de que el número de víctimas reportadas por mes ha variado, lo cierto es que nuestro estado permanece dentro de los primeros lugares y que al correlacionar el número de delitos registrados por cada 100 mil mujeres siempre se mantiene en el primer lugar.

De enero a mayo se registran en Tlaxcala 2.33 casos por cada 100 mil habitantes mujeres, generando una diferencia de 1.5 puntos con respecto a la segunda posición ocupada por Campeche con un registro de 0.83 casos por cada 100 mil mujeres. Esta diferencia porcentual no ocurre entre ningún otro estado de la República. Entidades federativas con poblaciones mucho mayores como Ciudad de México, Estado de México o Puebla apenas alcanzan 0.54, 0.08 y 0.15, respectivamente.


Los informes generados por el SESNSP aún muestran debilidades, por ejemplo, en el informe de incidencia de víctimas mujeres para el periodo de enero–abril se señalan 16 casos de mujeres registrados por las autoridades, sin embargo, en el informe de incidencia delictiva del fuero común, para el periodo enero–mayo se registran 13 casos (hay tres casos no registrados), lo mismo sucede con los estados de Chihuahua, Nuevo León, Campeche, Quintana Roo y Coahuila.

A pesar de esas diferencias entre los informes, nuestro estado siempre aparece en la primera o segunda posición nominal e invariablemente por mucho en la primera posición al registrar los casos por cada 100 mil habitantes mujeres, como ya señalamos antes.

Centrándonos en la problemática existente en Tlaxcala, si bien los datos publicados por el SESNSP dan una referencia del problema, no son la única fuente en que se debe basar la valoración de la gravedad, también es importante reconocer la voz de la ciudadanía, la cual, en el último diagnóstico de percepción ciudadana, entre otros datos arrojó los siguientes:

–El 92.4 por ciento de las personas sabe que en el estado de Tlaxcala se explota sexualmente a mujeres y niñas o que son llevadas a otros estados para explotarlas.

–Casi ocho de cada 10 personas ubica municipios del estado donde hay trata de mujeres para la explotación sexual o personas que se llevan a mujeres a otros estados para ser explotadas sexualmente.

–La ciudadanía mencionó 40 municipios del estado donde hay trata de mujeres para la explotación sexual o personas que se llevan a mujeres a otros estados para ser explotadas sexualmente.

–15 de los municipios señalados en 2008 siguen apareciendo, nueve años después, en el diagnóstico realizado en el año 2017: Tenancingo, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Teolocholco, Apizaco, Zacatelco, Chiautempan, Calpulalpan, Acuamanala, Huamantla, Mazatechochco, Xicohtzinco, Tequexquitla, Tepeyanco y Axocomanitla.

–Casi el 50 por ciento de las personas encuestadas reconoció que la existencia de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual radica en que los hombres consideran a las mujeres como objetos que se pueden vender; este dato refleja la ausencia de acciones públicas que modifiquen la mentalidad masculina explotadora. Como la segunda causa más importante se reconoce que “las autoridades estatales y municipales son cómplices de las redes de tratantes”.

En el pasado Congreso Internacional de Antropología sobre Investigaciones de la Región Puebla–Tlaxcala, realizado por la Licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Mesa de Trata de Personas, la Mtra. Alma Carina Cuevas mostró académicamente como durante el periodo 2011–2015 los procesos de sanción a las denuncias fueron sumamente débiles.

Habrá que seguir pendientes de la evolución de los informes del SESNSP respecto al delito, pero también sería importante que se haga una evaluación del proceso de protección a las víctimas y sus familias, así como el seguimiento a las denuncias, pues ello es esencial para que otras personas se atrevan a denunciar.