Los derechos humanos en México

En marzo del presente año, algunas organizaciones de la sociedad con amplio reconocimiento social, incluida la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, presentaron un informe titulado “Situación General de Derechos Humanos en México”. En él se reconoce que a lo largo de las últimas décadas, México ha tenido cambios importantes a nivel normativo, que pueden observarse a la luz del informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado a raíz de su visita del 15 al 24 de julio de 1996. El gobierno federal ha impulsado a partir del año 2000 programas anunciados como acciones idóneas para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos; se han diseñado instituciones gubernamentales dedicadas exclusivamente a temas de derechos humanos y se han adoptado reformas legislativas, políticas públicas y presupuestos en esta materia.

Lo anterior no ha significado en la práctica un avance real en materia de derechos humanos, recordemos que desde 2009 el Estado mexicano ha sido sancionado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al declarar su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos, todos ellos representativos de los obstáculos que persisten para acceder a la justicia.

Según declaraciones del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez–Icaza, en 2012 México fue el país que mayor cantidad de denuncias recibió ante la CIDH, con mil 800 casos.


Pese a algunos avances normativos, la mayor interlocución con el Sistema Interamericano e incluso las esporádicas decisiones de avanzada de algunos tribunales del país, la transformación del panorama nacional de patrones generalizados de abusos en contra de diversos grupos de la población y la aplicación de medidas concretas para hacer vigentes los derechos humanos sigue siendo una deuda pendiente, condiciones que, al contrario, se agravaron notablemente en los últimos años.

En este marco y frente al reciente inicio del sexenio, que ha involucrado una renovación en la administración pública federal y en el Congreso de la Unión, diversas organizaciones de la sociedad civil vislumbraban una oportunidad para debatir y definir con las y los representantes del Estado los principales retos que enfrenta México en materia de derechos humanos, incluyendo las preocupaciones concernientes a la situación de violencia e impunidad que se presenta en los estados que conforman la Federación; los obstáculos a la aplicación de las históricas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal y amparo; el sistema de justicia penal y el uso de la tortura; las desapariciones forzadas; la violación de los derechos de las comunidades mediante la imposición de diversos megaproyectos y otros.

De acuerdo con el informe de la sociedad civil, México enfrenta una emergencia en materia de derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos incluyen entre 60 mil y 100 mil personas asesinadas en los últimos seis años, así como 25 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y/o asesinadas, el uso sistemático de la tortura y la fabricación de culpables, la discriminación estructural contra personas indígenas, los secuestros a decenas de miles de migrantes, la persistente violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado, el saqueo del medio ambiente y de las tierras de las comunidades y niveles alarmantes de pobreza y pobreza extrema.

La propia Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por la ausencia de acciones que fortalezcan los derechos humanos de las personas en este mismo periodo, que si bien es un lapso relativamente corto, es crítico en el contexto de la emergencia nacional que vive el país y que exige una respuesta inmediata. En este sentido, la organización ha señalado que “las pocas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de derechos humanos simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México”, y puntualiza que “existen preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos”.

De tal suerte que una reforma constitucional en materia de derechos humanos por parte del Ejecutivo federal, por lo menos, no está siendo suficientemente y efectiva si se consideran los pendientes que desde administraciones pasadas no han tenido solución hasta el día de hoy.

La situación de los derechos humanos en México no es nada alentadora y, por el contrario, la política pública actual, tanto nacional como local, marca una continuidad en la violación de los derechos humanos en aras del sostenimiento del actual modelo económico y del sostenimiento partidista.




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