“Los códigos de la mano dura”

Hoy en México estamos abriendo el sarcófago del autoritarismo, se asoman ya las tentaciones dictatoriales, las cuales asumíamos estaban sepultadas. Brota la excitación de apelar a la decisión última del soberano, la construcción de la excepcionalidad como regla, el Estado de emergencia como bien necesario. Aflora ya el imperio de la milicia en detrimento de una larga tradición de poder civil en México.

De ese tamaño es el problema que se avecina con la Ley de Seguridad Interior.

El papel de los militares en funciones de seguridad pública ha dejado mucho que desear, tan es así que el New York Times describió al Ejército mexicano como el ejército más letal del mundo, como asesinos excepcionalmente eficientes.


El historial de violaciones graves a los derechos humanos del Ejército es tan robusto y extenso como su poder. Hoy más que nunca cobra relevancia el argumento vertido por Jesús López González en su libro intitulado Presidencialismo y fuerzas armadas en México: “hay pocas dudas sobre los efectos perniciosos de la militarización para el proceso general de la consolidación democrática. En primer lugar, aumentar la participación de las fuerzas armadas en el sistema de seguridad pública se ha convertido en la excusa oficial para demorar, aplazar e incluso impedir una renovación de las instituciones encargadas de imponer el imperio de la ley. En segundo lugar, la reciente militarización del sistema de seguridad pública vuelca el equilibrio de poder a favor de las instituciones militares, en detrimento de una larga tradición de supremacía civil en México”.

Ejemplos de esto sobran, tomemos únicamente el caso de Coahuila presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil en junio de 2017 a la Corte Penal Internacional, durante la gubernatura de Humberto Moreira.

El proyecto de seguridad impulsado por Moreira fue llamado “Modelo Coahuila”, en este modelo las fuerzas armadas fueron dotadas de facultades extraordinarias, se les delegó el control de las direcciones de policía de municipios pequeños, en términos de población, que estuvieran en colindancia territorial con Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y el estado fronterizo de Texas en los Estados Unidos. Durante el desarrollo del modelo, la estrategia no logró su objetivo, pues el gobernador tomó la decisión, probablemente por cuestiones electorales, de que los mandos militares se fueran a los municipios con mayor número de habitantes para dar una percepción de seguridad… Aunque el “Modelo Coahuila” duró poco más de un año (2009–2010), en ese tiempo operaron 16 jefes militares que tenían al mando más de 160 soldados más elementos de las policías municipales. De los jefes militares, 10 estuvieron a cargo de policías municipales.

Aunado a ello, Moreira también impulsó una reforma legal en materia de seguridad que consistía en juntar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en un solo órgano denominado Fiscalía General del Estado de Coahuila, que tendría entre sus facultades la de “seguridad pública y aplicación de la justicia”. Este debilitamiento de la separación de poderes creó un esquema de control del sistema de seguridad pública y procuración de la justicia que facilitó la impunidad de las fuerzas armadas, al mando de cuerpos policiales civiles. Sumado a ello, en el mismo año 2009 el fiscal Jesús Torres Charles formó un grupo de “Reacción Inmediata” con 64 oficiales, los cuales fueron elegidos entre un total de 700 aspirante. Posteriormente (2011), fue creado el Grupo de Armas y Técnicas Especiales (GATE) como una unidad de élite del Ejército mexicano. En 2012, se crearía el Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM), el Grupo Élite y el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas (GROM).

Estos “grupos de reacción” operando a la par de las fuerzas policiales, tanto estatales como municipales bajo mandos militares y, en conjunto también con la Policía Federal, desencadenaron una violencia ambigua, una violencia incierta para la población, sin un posible ejecutante único, inidentificable. La violencia llegó a través de múltiples actores, distintos perpetradores. Es importante destacar que detrás del “Modelo Coahuila” está una política de Estado encaminada a la violación sistemática de los derechos humanos y a la perpetración de los delitos de lesa humanidad, tal como se detalla en el informe.

En dicho informe se precisa que entre los años 2009 y 2012 hubo múltiples casos en los cuales las policías municipales y estatales detenían a la población civil, y en lugar de presentarlos al Ministerio Público, los trasladaban a lugares clandestinos o los entregaban al grupo de Los Zetas.

Los múltiples grupos especiales no registraban la entrada y salida de los sujetos que detenían, bajo el argumento de que “los detenidos sólo permanecían en su base de operaciones el tiempo en que se realizaba la papelería de su disposición”. Perpetuando así una práctica indiscriminada de privaciones graves a la libertad física puesta en marcha por dichos grupos especiales, la que frecuentemente derivaba en casos de desaparición temporal, permanente y tortura.

De los 33 casos detallados en los anexos del Informe Coahuila, dan cuenta de 73 personas que fueron víctimas de privación ilegal de su libertad física, lo mismo ocurrió con 195 de las 367 víctimas reportadas en los registros de personas no localizadas o desaparecidas de las organizaciones Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Algunos testimonios dan cuenta de ello y muestran como las fuerzas armadas o grupos paralelos incurrieron en una serie de acciones extralegales y violatorias de los derechos humanos, participando directamente en el proceso de la desaparición forzada temporal y permanente de ciudadanos.

Es importante en este contexto subrayar las palabras que el general Carlos Bibiano Villa Castillo profirió al fungir como director de la Policía Preventiva de Torreón, señalo que “en el marco de un operativo, perseguían a los supuestos narcotraficantes y donde los alcanzaban los mataban”. Villa Castillo afirmaba sin ningún reparo que cuando agarraban a un Zeta o Chapo lo mataban ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo. El Ejército tiene seguridad e inteligencia, no necesita de información… Así el general manifestó su desconfianza hacia la Policía Federal, porque ellos no mataban, nomás agarran. “Y el Ejército y la Marina matan” [sic].

Hoy en México estamos abriendo el sarcófago del autoritarismo, se asoman ya las tentaciones dictatoriales, las cuales asumíamos estaban sepultadas. Brota ya la excitación de apelar a la decisión última del soberano, la construcción de la excepcionalidad como regla, el Estado de emergencia como bien necesario. Aflora ya el imperio de la milicia en detrimento de una larga tradición de poder civil en México y una larga lucha por los derechos humanos.