Lo más importante no son las capacitaciones sino los resultados

Las debilidades del juzgamiento con perspectiva de género fueron señaladas el año pasado por el Grupo de Expertos que dio seguimiento a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por violencia sexual y trata de personas en Tlaxcala, pues su informe reveló, en la conclusión quinta, que las autoridades incurren en “omisiones graves, prácticas discriminatorias y existe falta de sensibilidad sobre la igualdad de género”. Las conclusiones del Grupo de Expertos permiten entender por qué de 2009 a 2016 el TSJE solo logró alcanzar el 37 por ciento de los casos de trata de personas como sentencia condenatoria; también permite entender por qué de 2010 a 2016 en los 23 casos registrados como trata de personas, la víctima no contaba con una orden de protección previa. Es claro que a pesar de que el Tribunal reportó que contaba con cursos de “… especialización en sensibilización, violencia y perspectiva de género”, no implementa dicha perspectiva ya que sólo reportó un juicio por violencia familiar.

En días pasados se hizo público que “La presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, en su calidad de titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), concluyó el seminario denominado Juzgar con Perspectiva de Género”. Esperaríamos que a partir de ahora lo que fue diagnosticado el año pasado cambie, además para el caso concreto de las víctimas de trata deberían acatar los criterios establecidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, donde se señala que se debe dictar una sentencia condenatoria por los delitos en materia de trata contemplando la reparación del daño para las víctimas y ofendidos; además, si la reparación no es cubierta con los bienes del sentenciado, el Estado cubrirá dicha reparación;  respecto a los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos, pueden solicitar medidas cautelares, providencias precautorias y protección personal, que garanticé la vigencia y salvaguarda de sus derechos, los cuales tendrán vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de penas, mismas que deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Es claro que la capacitación en derechos humanos, perspectiva de género y marco jurídico local, nacional e internacional, por sí mismo no garantiza que los conocimientos se integren en la práctica de las funciones de quienes integran el Tribunal para garantizar los derechos de las víctimas, incluidos la protección y reparación del daño. Más que pregonar las capacitaciones que están teniendo quienes integran el Tribunal Superior de Justicia u otras instituciones, sería de suma importancia conocer los resultados que se obtienen a partir de dichas capacitaciones; por ejemplo, ¿el personal mantiene prejuicios machistas? ¿Se incrementan las órdenes de protección? ¿Se tiene la capacidad de entender el consentimiento viciado?


Para el caso de sentencias habrá que observar cómo cambia la línea base no solo del TSJE, sino también de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues recordemos que en el sexenio pasado se recibieron 200 denuncias, de las cuales el 70 por ciento quedó como actas circunstanciadas y apenas se logró un 6.5 por ciento de eficacia en las sentencias condenatorias. Si bien las capacitaciones son importantes, lo más importante son los cambios que se logran para maximizar las sentencias, para acceder a la justicia y en este sentido contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la trata.