David Cabrera Canales, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), sostuvo que los lineamientos para la verificación, evaluación y vigilancia de la información en materia de transparencia que los 145 sujetos obligados deben cumplir en su respectiva página web, garantizan condiciones de legalidad y que las determinaciones del Consejo General no serán arbitrarias.
Sin embargo, precisó que todavía no se define la fecha de inicio de la verificación diagnóstica de oficio, pero debe realizarse en cualquier momento del año en turno. Previamente se requiere que la presidencia de este órgano mande a publicar estas reglas en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, añadió.
Informó que el pasado viernes, por mayoría de votos, el Consejo General aprobó los lineamientos que establecen el procedimiento de verificación, evaluación y vigilancia de la información en materia de transparencia que los sujetos obligados del estado deben cumplir, con base en el Título Quinto, Capitulo V de la ley en la materia, a través de su portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Dijo que estas disposiciones fueron avaladas por él y Francisco José Morones, también comisionado, ya que la presidenta Marlene Alonso Meneses presentó su propio proyecto y emitió un voto particular, “pero esa figura no existe” en la normatividad del IAIP.
Cabrera Canales apuntó que dichos lineamientos “garantizan que la actuación del Instituto sea apegada a los principios rectores que rigen su funcionamiento de la transparencia en el estado y que son: certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia”.
Asimismo, precisó que estas reglas se aprobaron después de siete semanas de desacuerdos y discusiones, “en donde la comisionada agregaba y eliminaba del orden del día el punto relativo a la presentación, discusión, votación y aprobación” de estas.
El comisionado aseguró que estas disposiciones que se usarán para evaluar, “garantizan una verificación diagnóstica con vinculación a medidas de apremio de las obligaciones de transparencia que los entes públicos del estado (de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los ayuntamientos, órganos autónomos y comisiones de agua potable) deben de cumplir y en donde se garantiza apego absoluto a la legalidad”.
David Cabrera Canales remarcó que esta herramienta brinda certeza a los sujetos obligados en el sentido de que esta revisión con vinculación a medidas de apremio, se llevará a cabo conforme la ley lo establece, “además de que las determinaciones del Consejo General no serán arbitrarias e ilegales”.