Lex mercatoria

A partir del consenso de Washington de los años 80–90, después de la caída del muro de Berlín y del llamado socialismo real, los grandes capitalistas, a través de sus intelectuales pagados, proclamaron el “fin de la historia”, decretaron la inevitable “globalización del comercio y la cultura”, se quitaron la máscara de defensores del “mundo occidental, libre, democrático y cristiano”, para repartirse el mundo y saquearlo impunemente a través de un entramado legal, la “Lex mercatoria”, conjunto de normas comerciales que  protegen los intereses de los grandes consorcios en todo el mundo.

Este escudo protector del capital se construyó de manera rápida a través de tratados comerciales asimétricos (como el TLCAN) que implicaron “reformas estructurales”, un eufemismo para esconder el despojo “legal” de las riquezas y recursos naturales, la creación de tribunales arbitrales especiales a nivel internacional, a los cuales quedó sujeta la soberanía e independencia de los países subordinados, préstamos condicionados, desmantelamiento de las legislaciones nacionales a favor de los intereses empresariales (reforma laboral, energética, educativa, etc.); y en definitiva toda una estructura jurídica, tanto nacional como internacional, cuyo fin último es proteger y asegurar los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración que pudiera estorbarlos, como esa “romántica e ingenua” idea de los Derechos Humanos.

En este contexto la memoria colectiva viva recuerda, a 12 años de distancia, la tragedia de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, cuando a causa de las pésimas condiciones de seguridad, perdieron la vida 65 trabajadores, de los cuales 63 quedaron sepultados en el subsuelo, pues los empresarios, simple y llanamente, se negaron a rescatar sus restos, porque la operación le resultaba muy costosa y afectaba sus ganancias, aunque ante los medios hayan declarado que técnicamente era imposible rescatarlos. La impunidad del grupo México no quedó sólo en eso, sino que además ningún directivo o propietario, ni la misma empresa, fueron sancionados penalmente por su negligencia, ni tampoco los dueños indemnizaron a las familias de los trabajadores muertos. Esta tragedia recordada el pasado domingo por familiares y organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos frente a la Bolsa Mexicana de Valores en la capital del país, pone de manifiesto la realidad que estamos viviendo: la seguridad y el bienestar de las personas sólo existe en la retórica hueca de los políticos vendepatrias, porque en realidad lo que predomina son los intereses empresariales por encima de todo y de todos. Y tampoco hay que perder de vista que esta estructura jurídica pro–empresarial, finalmente sólo sirve de fachada legaloide para justificar el despojo, pues la otra parte de la estrategia es la violencia institucionalizada y establecida en el seno de la sociedad, bajo la etiqueta de delincuencia organizada, narcotraficantes, grupos terroristas, fundamentalistas o pro soviéticos, corrupción, impunidad, racismo, feminicidios, tráfico de personas, asesinatos y desapariciones forzadas de activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otras muchas estrategias que el sistema implementa para forzar a los ciudadanos a aceptar su condición de excluidos y prescindibles de un modelo de muerte que se presenta como el único posible.