En varias investigaciones se ha reiterado que las mujeres y niñas que son convertidas en víctimas de trata con fines de explotación sexual presentan ciertas vulnerabilidades en factores como el insuficiente acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que se encuentran: una alimentación de calidad y suficiente, educación, vivienda, empleo, acceso al agua y un medio ambiente sano.
La falta de garantía en el goce de los derechos mencionados genera en la persona pobreza, baja autoestima, desconocimiento de lo que es la trata de personas y violencia en el hogar, abuso sexual, entre otros. Roberto Pizarro señala que la vulnerabilidad “…hace referencia al carácter de las estructuras e instituciones económico–sociales y al impacto que estas provocan en las comunidades, familias y personas…”. La vulnerabilidad de las personas no es un hecho natural frente a este tipo de delitos, es, de hecho, el resultado de las decisiones y prácticas de las estructuras e instituciones gubernamentales y comunitarias que se han establecido en nuestra sociedad, las cuales en nuestro contexto están impregnadas de la dominación del sistema patriarcal y neoliberal.
La vulnerabilidad generada por las estructuras se inserta y desarrolla en los diferentes espacios de vida: la comunidad, las instituciones y la familia. Las redes de trata no sólo se aprovechan de las vulnerabilidades que existen directamente en las mujeres y niñas que son víctimas, sino también de las vulnerabilidades de sus familias y la comunidad, ya que en ellas existe cierto nivel de desorganización, violencia, despojo y desinformación.
Las redes de trata también se aprovechan de la debilidad existente en las instituciones gubernamentales que favorecen la reproducción de factores de vulnerabilidad en las víctimas, las familias y comunidades. Además, a la delincuencia organizada le favorece que, frente a los casos de violencia hacia la mujer, desaparición, trata de mujeres y feminicidio, las autoridades e instituciones sean corruptas, sexistas, deshonestas, con procesos muy burocráticos, con nula perspectiva de derechos humanos, poca capacidad para garantizar la prevención de situaciones que dañan la dignidad de las personas, poco acceso a la justicia y escaso presupuesto.
El Grupo de Trabajo que realizó el informe para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Tlaxcala, señaló “…que la población de Tlaxcala enfrenta condiciones sociales y económicas adversas, enmarcadas en un contexto de inseguridad complejo que coloca a la población, y en particular a las mujeres, en una situación de vulnerabilidad”.
La sociedad civil ha denunciado por varios años que la trata no es un problema aislado ni de aparición espontánea, tiene raíces profundas que no han sido atendidas con políticas que garanticen los derechos de todas y todos. Están por cumplirse dos años de este informe y lo cierto es que la violencia hacia las mujeres en Tlaxcala no se ha detenido. El informe especificó que, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), en agosto de 2016 Tlaxcala tenía registrados 4 mil 526 casos de violencia hacia las mujeres y 60 órdenes de protección.
Actualmente, esta institución establece que Tlaxcala tiene registrados 10 mil 165 casos de violencia hacia la mujer y 864 órdenes de protección. El ámbito en el que más se cometen violencias es el familiar, lo cual llama la atención dado que es el núcleo más inmediato donde se debería tejer la red socioafectiva de protección y, sin embargo, esto no sólo no ocurre de este modo, sino que, al mismo tiempo, aumenta la vulnerabilidad de las personas.
El pasado 2 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el informe “La situación de las mujeres en México” al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés). En él se reafirma la grave situación que viven las mujeres en el país y los pendientes que tiene el gobierno, entre ellos la armonización de la legislación y derogación de leyes discriminatorias; eliminar los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género; activar el mecanismo de reconocimiento y protección a las mujeres defensoras de derechos humanos; eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en las instituciones educativas públicas; destinar presupuesto suficiente para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Si bien estos elementos no resuelven de manera total la vulnerabilidad de las mujeres, sí contribuyen a su disminución, haciendo con esto que la violencia en general, y particularmente las violencias extremas como la trata con fines de explotación sexual y el feminicidio, se reduzca.