La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en su informe “La infancia cuenta 2017”, señala que durante el año 2016 desaparecieron mil 431 niños y adolescentes, seis de cada 10 casos son mujeres. Ante medios de comunicación, Juan Martínez Pérez, director de la Redim, señaló que “este incremento está claramente asociado con una nueva vertiente de negocio criminal en la trata con fines de explotación sexual”.
En Tlaxcala, uno de los casos más emblemáticos de esta triste realidad es el de Karla Romero Tezmol, quien desapareció el 13 de enero de 2016, cuando tenía 11 años de edad. Hasta la fecha sigue sin conocerse su paradero, a pesar de las exigencias permanentes que su familia ha realizado. Asimismo, se desconocen las medidas que, desde entonces, el gobierno del estado ha tomado para prevenir estas situaciones.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha señalado que, en 2016, 52.3 por ciento de las niñas y niños en México se encontraba en situación de pobreza, factor que les coloca en alta vulnerabilidad ante la desaparición, la trata y otros delitos.
Es común que los postulantes, en los procesos electorales, integren como parte de sus discursos las necesidades y exigencias de la ciudadanía, especialmente aquellas que son consideradas como amplia mayoría. Haciendo una revisión de las propuestas respecto al tema de mujeres, se pueden encontrar algunas menciones muy escasas acerca de la atención a la violencia, el acoso o los feminicidios. Otros prometen que habrá igualdad salarial o que se creará una fiscalía especializada para atender los casos de violencia que existen actualmente. Para el caso de las violencias cometidas contra las niñas prácticamente no hay menciones. Ahora bien, el hecho de que las mencionen como parte de los discursos electorales, como iniciativas legislativas o políticas públicas, no implica que tengan propuestas claras para impulsarlas.
Ante algunas realidades de violencia, como aquella de la que están siendo víctimas las mujeres, ni siquiera se trata de plantear nuevas leyes, pues ya existen, como es el caso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, sin embargo, el problema de fondo es la falta de capacidad gubernamental en su aplicación.
Los diversos procesos de participación e incidencia ciudadana en México han demostrado que el avance de una agenda social, como es el caso de la violencia hacia las mujeres y las niñas, no depende fundamentalmente de un candidato o candidata en tiempos electorales. El avance de una agenda social es resultado de un conjunto de elementos como la acumulación de fuerzas para su exigencia, su visibilización, la capacidad de articular a múltiples sectores ante el problema concreto y de su sostenibilidad en el tiempo que, en el caso de México, casi siempre trasciende los periodos gubernamentales.
Como ciudadanía y más allá de los tiempos electorales, habrá que ser muy creativos para mantener la sostenibilidad de las agendas, no permitir su trivialización, minimización o negación. El reto consiste en que, a pesar de la negativa gubernamental, el desconocimiento con el que llegan las y los funcionarios y sus prejuicios y estrategias de simulación, podamos establecer una agenda de visibilización e incidencia multisectorial que obligue a las autoridades, que asumirán los cargos después de las elecciones, a dar respuesta a las históricas demandas ciudadanas como es desaparición de mujeres y niñas, el feminicidio y la trata, así como a las diversas violencias que en Tlaxcala y México estamos viviendo, las que durante los últimos 30 años se han agudizado. Si queremos forzar un cambio deberá depender de la organización y acción ciudadana y no de los personajes políticos que solo podemos ver de cerca en tiempos electorales.