Los ediles, sin importar el tamaño del municipio que gobiernan, desarrollan una narrativa para provocar que los ciudadanos los vean como pobres, débiles, desamparados, ninguneados. Pero eso sólo es una pantalla.
Derivado de los cambios que la alternancia trajo y de la incapacidad de los gobiernos panistas para hacer un nuevo diseño estructural del Estado mexicano, adoptaron el criterio de distribuir el dinero de la Federación hacia los estados y municipios.
Del año 2000 en adelante los recursos financieros que se trasladaron hacia los estados y los ayuntamientos han sido siempre crecientes, a lo que se agrega la negociación que los partidos políticos hacen a través de sus fracciones parlamentarias para incrementar esos montos.
Las disputas internas del PAN han sacado a la luz pública el mecanismo a través del cual se negocian los incrementos. Por una módica comisión, que va del 10 al 35 por ciento, los lobistas del partido hacen los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación.
El único problema es que los recursos no llegan en efectivo sino en obras. Los ayuntamientos presentan proyectos, éstos son autorizados, pero son los diputados del PAN quienes determinan la empresa que se encarga de la obra.
Los altos montos de recursos que la Federación transfiere a los ayuntamientos se reducen a una firma y sobre todo al despliegue informativo de las fracciones parlamentarias y de los gobiernos para publicitar el empleo del dinero público.
Los ingresos propios también han aumentado, sobre todo los derivados por el cobro de los servicios que sirven de base para la asignación de los llamados ramos 28 y 33, pero esos tienen otro destino.
La mayor parte de los ayuntamientos se ha convertido en la empresa de movilidad más importante del ayuntamiento auxiliar o constitucional. El dinero sólo sirve para el empleo temporal.
El panismo ha hecho realidad el principio de San Juan: “los repartió entre los discípulos, y… recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.”