La reforma político–electoral que se trabaja en el Poder Legislativo local se ha convertido en una pugna entre partidos y poderes para ver quién de éstos saca la mejor posición y beneficio particular de cara a los comicios de la sucesión gubernamental.
Por ello, las propuestas hechas hasta el momento demuestran la intención que tienen unos y otros de generar un andamiaje que les permita mantenerse en el poder a los que hoy lo ostentan y de ser posible acrecentarlo; en cambio, los de oposición han hecho planteamientos tendientes a mejorar sus posibilidades de acceder a los cargos de elección popular.
Por ejemplo, la dirigencia estatal del PRD planteó la necesidad de incrementar hasta en 35 por ciento el financiamiento público que reciben los partidos políticos con la idea de que con mayores montos de recursos podrán competir en condiciones menos inequitativas.
En cambio, el Ejecutivo local y los partidos afines a éste, como el PRI y PVEM, han propuesto disminuir el número de diputados locales con el argumento de que un menor número de congresistas permitiría mayores acuerdos y, sobre todo, reduciría el gasto público en el Legislativo a fin de destinarlo a obras de beneficio social.
En ese espectro ha habido otros planteamientos que sin lugar a dudas su destino será el anecdotario y sólo son meras propuestas mediáticas.
Por ejemplo, el PAC, a través del doctor en Derecho, Serafín Ortiz, propuso eliminar las 13 diputaciones plurinominales sin atender que su planteamiento es improcedente, pues sería vulnerar el derecho de las minorías a tener una representación, amén de que hacerlo sería ir en contra de la Constitución Política.
El párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución federal establece que las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes, por lo que hay una obligación suprema de contar con ese tipo de legisladores.
Con esas propuestas y la falta de oficio político de quienes coordinan el trabajo en el Congreso local, la reforma política tendrá que esperar unos días más, sólo espero que ésta, al final, no sea una mera armonización legal atendiendo las directrices federales.