La omisión de las autoridades ante la contaminación del Atoyac por más de 20 años

Germán González Juárez

El pasado 22 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017, la cual va dirigida a 11 autoridades de los tres niveles de gobierno, por la contaminación del río Atoyac y sus afluentes. Esto reafirma lo que la ciudadanía y las instituciones de investigación reconocidas han venido denunciando desde hace más de 20 años sobre las afectaciones a la salud de la población y a la madre tierra, provocadas por el crecimiento industrial desmedido en la región Puebla–Tlaxcala.

La recomendación va dirigida a autoridades de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al gobernador de Puebla y a los alcaldes e integrantes de los ayuntamientos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo; así como al mandatario de Tlaxcala y a los munícipes –junto con los ayuntamientos– de Tepetitla, Natívitas e Ixtacuixtla.


El río Atoyac es reconocido como uno de los 10 más contaminados de la República mexicana, de acuerdo con el Plan Nacional Hídrico 2014–2018, y se debe principalmente a las descargas de las industrias que sin tratamiento alguno vierten sus desechos a lo largo de su extensión, lo cual ha provocado grandes afectaciones, principalmente a la salud y vida de los pueblos.

Ante este contexto, desde hace más de 20 años, habitantes de los municipios de Tepetitla, Natívitas e Ixtacuixtla del estado de Tlaxcala, así como de Huejotzingo y Texmelucan pertenecientes a Puebla, preocupados por las enfermedades y muertes que hasta antes de la instalación de las empresas eran desconocidas, de manera individual y colectiva denunciaron la contaminación al río y sus afectaciones a la salud y a la vida campesina de los pueblos.

Dentro de esta lucha, en 2003 surgió la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV), la cual emprendió una ardua lucha por la defensa de la salud y la vida, a través del saneamiento del río, sensibilizando a la población sobre la problemática y sosteniendo su demanda mediante vínculos con investigadores y académicos que pudieron comprobar de manera científica los graves daños a la salud y a la vida comunitaria ocasionados por la contaminación del río Atoyac y denunciando ante tribunales internacionales éticos la omisión del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno por no atender este problema.

En marzo de 2006, la CAV, con el acompañamiento del Centro Fray Julián Garcés, presentó el caso de la contaminación del río Atoyac ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), el cual falló a favor de las comunidades ribereñas del Atoyac, recomendando a todas las autoridades, federales, estatales y locales, tratar el caso de la contaminación de la cuenca del río Atoyac con la importancia y seriedad de un grave desastre social y ambiental. Así como profundizar el nexo causal que permita determinar las responsabilidades concretas de las diferentes industrias del corredor industrial Quetzalcóatl.

Así también, la CAV presentó el caso de la contaminación del río Atoyac ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, denominado “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, que sesionó de 2011 a 2014.

Después de presentar el tema ante estos dos tribunales éticos y ante la negativa de las autoridades para actuar de manera contundente y combatir el problema, en julio de 2011 se presentó ante la CNDH una queja en contra de autoridades federales, estatales y locales, por actos y omisiones en perjuicio de los habitantes de los municipios de Tepetitla, Natívitas, Ixtacuixtla, Texmelucan y Huejotzingo, por la contaminación ambiental de la subcuenca hidrológica del Alto Atoyac, particularmente de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes, de la cual se obtuvo respuesta el 22 de marzo de 2017, es decir, seis años después.

En este resolutorio, dentro de la documentación realizada por la CNDH, se reafirma la continua omisión de las autoridades, a pesar de que han participado en diversos estudios; además, visibiliza que los mecanismos de supervisión a las empresas por contaminar solo se quedan en multas económicas irrisorias, instalándose un mecanismo institucional de “pagar por contaminar”.

Asimismo, evidencia que la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, operada por la Conagua, resulta insuficiente, obsoleta y no mide la totalidad de los parámetros que inciden directamente en la salud, además se demuestra que los acuerdos y convenios hasta hoy firmados por las autoridades de Puebla, Tlaxcala y el gobierno federal son inoperantes, por no contar con plazos determinados, disponibilidad técnica, ni presupuesto, lo que reafirma la simulación del Estado.

Ante este panorama y en espera de que se cumplan las recomendaciones ante la gravedad del problema, es necesario exigir a nuestros gobernantes dejar de lado la simulación, como ha sucedido con las administraciones anteriores, y en el marco de la “gobernanza moderna” al que ha invocado el titular del Ejecutivo de Tlaxcala, es necesario contemplar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones que estén relacionadas con el saneamiento del río Atoyac.

También es imperante que los actores involucrados inicien con los trabajos interinstitucionales para la elaboración del Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac, como lo establece la recomendación y que la política pública de desarrollo económico para la entidad tlaxcalteca cumpla integralmente con lo establecido en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la legislación nacional e internacional que garantiza el respeto a los derechos humanos.

Por último, demandamos que la Cofepris, asesorada por expertos en el tema, cumpla en un corto plazo con la recomendación de la realización de un diagnóstico toxicológico permanente de los riesgos y daños a la salud, por exposición a contaminantes presentes en el río Atoyac y sus afluentes.

Por todo lo anterior y ante la espera del buen cumplimiento de la citada recomendación, es importante señalar que como sociedad civil nos mantendremos vigilando y evaluando el actuar de las autoridades en materia de saneamiento del río y en la reparación de los daños a la población.