La necesidad de tribunales éticos

Cuando la sociedad considera que sus tribunales institucionales han perdido credibilidad, que las instituciones del Estado y el Derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales, e incluso convertidos en instrumentos de opresión, surge la necesidad de visibilizar dichas situaciones a partir de tribunales éticos.

Desde estos tribunales, los colectivos afectados muestran a la sociedad que se han perdido derechos fundamentales, que el Estado no los garantiza y que desvía su poder para beneficiar a sectores muy particulares.

Cuando las circunstancias hacia un grupo, comunidad o población ponen en riesgo derechos fundamentales como lo es vivir con al menos un mínimo de dignidad material y espiritual, se van organizando este tipo de plataformas donde actores con un alto reconocimiento ético y moral alzan su voz para llamar al Estado a cumplir una de sus misiones fundamentales, que es proteger, garantizar y respetar los derechos humanos.


Lelio Basso supo percibir las implicaciones de tales situaciones para el mundo contemporáneo y, en su calidad de abogado comprometido con la justicia, tomó la iniciativa de llevar a cabo diversas acciones a favor de los pueblos oprimidos. Una muy significativa entre todas ellas fue la constitución del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), creado precisamente porque el Derecho y la justicia, en muchas circunstancias, no podían ser confiados al Estado y sus órganos.

Este tribunal ético sigue actualmente activo, es independiente y busca ser capaz de dar una respuesta al sufrimiento efectivo de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad; un sufrimiento producto de la opresión generada por el Estado y por el gobierno, pero también por las empresas, los bancos y las instituciones financieras. El Tribunal Permanente de los Pueblos retoma de la experiencia del prestigioso Tribunal Russel, que juzgó los crímenes norteamericanos cometidos en Vietnam y examinó la represión llevada a cabo por las dictaduras militares en Latinoamérica. Tras las gestiones de Lelio Basso, en 1979 se constituyó formalmente, teniendo como principal referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los Archivos del Proceso de Nüremberg, los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.

La misión del Tribunal Permanente de los Pueblos es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos; y su labor se encamina, precisamente, a la construcción de una legislación que proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos que hayan sido perpetradas por los Estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas.

El Tribunal Permanente de los Pueblos ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de su derecho a la autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.

El Tribunal Permanente de los Pueblos está integrado por cerca de 130 miembros de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos; siendo su fundador Lelio Basso; su presidente, Salvatore Senese y su secretario general, Gianni Tognoni.

En México se ha abierto un Capítulo de este Tribunal con el tema central “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos” y se busca visibilizar la situación de violencia estructural imperante en México a raíz de la firma de numerosos tratados de libre comercio, e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha política económica. Se estructura en siete mesas temáticas: 1. Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado; 3. Feminicidio y violencia de género; 4. Violencia contra los trabajadores;  5. Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos; y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

Actualmente se encuentra como una tribuna abierta a lo largo y ancho del país para que los grupos afectados, a través de preaudiencias, den su voz y visibilicen las afectaciones que están viviendo. Este tipo de denuncias ciudadanas van mostrando que, como lo hemos dicho varias veces, en Tlaxcala y en México se vive un desvío del poder del Estado.




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