La lucha por el salario mínimo

El salario mínimo se ha convertido en la arena en la que se enfrentan políticos y empresarios, mientras los primeros consideran que es posible incrementar un 23 por ciento el salario mínimo, los empresarios lo reducen al 4.2 por ciento. Los primeros consideran que el salario mínimo se ha convertido en un grillete que mantiene a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, los segundos afirman que es populista pensar en el incremento porque lo que se requiere es generar más empleos.

El gobierno del Distrito Federal está determinado a regularizar los trabajadores eventuales  e incrementar el salario mínimo en un proceso gradual, mientras que los empresarios atan esta posibilidad a la “productividad”. ¿Cuántos de los gobiernos estatales seguirán la tendencia del Distrito Federal? ¿El gobierno local y los gobiernos municipales de Tlaxcala tendrán la capacidad para formalizar a sus propios trabajadores informales e incrementar su salario a 171 pesos al día o se mantendrán amparados bajo la idea de los empresarios?

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha dado el primer paso para dejar de utilizar el salario mínimo como base de referencia para imponer multas o asignaciones. La primera confrontación muestra que mientras la propuesta del Gobierno del Distrito Federal es del 23 por ciento, la Conasami autoriza un incremento del 4.2 por ciento para 2015.


Salario mínimo y ocupaciones profesionales

En el apartado del Trabajo y la Previsión Social, los constituyentes de Querétaro determinan lo que a la postre identificamos como salario mínimo: “El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia” (fracción, VI, artículo 123, Constitución 1917).

Toda persona que presta un servicio personal a otro tiene derecho a recibir un salario y para establecer el monto en 1962 se crea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) con 111 comisiones regionales, quienes definen las cantidades y consultan con la Conasami, lo que provoca una gran diversidad de criterios, por lo que en 1986 se provoca otra reforma para sea la Conasami la que determine el valor del salario mínimo.

Durante los 15 años del siglo XXI, que coinciden con la alternancia política en el Poder Ejecutivo federal, se registra una modificación y de tres regiones geográficas y 88 ocupaciones profesionales que existen en 2000, para 2014 se reducen a dos las regiones y a 59 las ocupaciones.

Los salarios mínimos en las regiones A, B y C, en 2000 alcanzan un monto de 32.70, 35.10 y 37.90 pesos, en 2015 estos son de  66.45 y 70.10 para las zonas B y A. A lo largo de estos 15 años, entre las ocupaciones que desaparecen, se encuentran: archivista clasificador en oficinas, operador de cepilladora, ayudante de contador, auxiliar práctico de enfermería, enfermero con título, oficial hornero fundidor de metales, oficial joyero, platero, auxiliar de laboratorista de análisis clínicos, operadores de maquinaria, oficial mecánico fresador, etc., que refleja el cambio en la oferta de trabajo.

Desindexación del salario mínimo

A partir de la propuesta planteada por el gobierno del Distrito Federal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la sesión del miércoles 10 de diciembre, aprueba reformar el artículo 123 constitucional para “establecer la prohibición de que el salario mínimo pueda ser utilizado como unidad base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral.” Al mismo tiempo se reforman los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 constitucional para “crear la unidad de medida y actualización para que dicha unidad sustituya al salario mínimo en esta función” y el artículo 41 constitucional para que se deje de “utilizar el salario mínimo como factor de multiplicación en la fórmula para determinar las prerrogativas de los partidos políticos”. A toda esta reforma se le da el nombre de desindexación del salario mínimo.

En la presentación de la iniciativa, el diputado Julio César Moreno (PRD) expresa que: “desde 1980 a la fecha, el salario mínimo ha atravesado por una larga y aguda fase de deterioro. Antes se podía comprar cuatro veces más productos que hoy con el mismo salario mínimo. La pérdida en términos reales ha sido de más del 70 por ciento de su valor real”.

Agrega que “de acuerdo con estimaciones del Coneval, se requiere de 82 pesos con 86 centavos para que un adulto y su acompañante puedan contar con el mínimo de bienestar; es decir, lo necesario para comer. Según estudios de diversos especialistas, la línea de bienestar mínima para contar con una canasta alimentaria y no sólo lo necesario para su alimentación, el ingreso diario debe de ser de 171 pesos.”

La directora del Centro de Análisis Económico del Tec. de Monterrey, campus Ciudad de México, destaca que: “La mayor de todas las distorsiones que limitan la elevación del salario en México es el enorme mercado informal, toda vez que la tasa de informalidad laboral, de acuerdo con el Inegi en su último reporte, es del 58.09 por ciento y la tasa de ocupación del sector informal es del 27.16 por ciento. La primera tasa revela que casi el 60 por ciento de la población que trabaja no cuenta con prestaciones. A esta cifra agregue que muchas empresas reportan salarios menores a los que efectivamente pagan para evitar el pago completo del IMSS e impuestos, y los trabajadores aceptan estas condiciones, dada la dificultad de encontrar mejores oportunidades en el mercado de trabajo”.

La reacción de la Conasami

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó en la sesión del 18 de diciembre de 2014,  “otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las dos áreas geográficas para 2015 de 4.2 por ciento.”, lo que muestra la tendencia de responder únicamente al índice inflacionario.

El boletín de prensa de la Conasami anticipa que “al no concluir el proceso legislativo de aprobación del proyecto de decreto por el que se reformarán diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, no se está en posibilidad de que el salario mínimo reinicie un proceso de recuperación gradual, toda vez que su utilización como unidad de cuenta, base o medida de referencia constituye una atadura que lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, puede convertirse en un factor que los perjudique, este aspecto es particularmente grave si se considera que casi 5 millones de trabajadores tienen contratados créditos hipotecarios con los institutos de vivienda federales, quienes verían incrementado el saldo total de su adeudo, lo que pondría en riesgo su patrimonio.”

Consideran que “fijar un solo salario mínimo general para todo el país es una preocupación manifiesta”, ya que “de realizarse de manera simultánea con el incremento anual podría llegar a ocasionar distorsiones en las estructuras salariales regionales y afectar la viabilidad de empresas ubicadas en dichas áreas, sobre todo de las micro y pequeñas empresas.”

El director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fons Cerrada comparte esta idea y señala que mejorar el salario real depende “de generar mucho más empleo, de tal manera que logremos parar la presión a la baja en los salarios, revertirla y lograr un salario real digno. Generar más empleos requiere más inversión, tanto pública como privada. Por supuesto, finanzas públicas que no pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica y el poder adquisitivo de los trabajadores. Cualquier otro argumento raya en el populismo, en el oportunismo electoral.” Los senadores todavía no se han expresado al respecto, pues han recibido la minuta de la Cámara de Diputados y falta subirla a tribuna.

La propuesta de Mancera

En agosto de 2014, el Gobierno del Distrito Federal presenta la propuesta: “Política de recuperación del salario mínimo”, en la que refiere que “la historia del salario en México no siempre fue de continua devaluación. El periodo más dinámico y favorable, incluso para los salarios mínimos, arrancó en 1952”; sin embargo, “a partir del año 2000 y hasta 2014, la evolución del salario medio y del salario mínimo ha acompañado y se ha convertido en un factor cocausal del estancamiento económico. El resultado neto de este constante proceso devaluatorio del salario –iniciado en los ochenta– es la pérdida del poder adquisitivo en un 75 por ciento a nivel nacional y del 77 por ciento en el Distrito Federal”.

Por ello proponen incrementar el salario mínimo para que “un trabajador pueda adquirir la canasta alimentaria básica para sí y para un miembro de su familia. De modo tal que, en el núcleo típico del México moderno –compuesto por cuatro personas, dos de las cuales trabajan y llevan ingresos al hogar– superen la línea de pobreza.” Por lo que proponen: “un amplio Acuerdo Nacional para incrementar el salario mínimo en el año 2015 y colocarlo en 82.86 pesos, con el objetivo explícito de que un trabajador perciba lo indispensable para superar la línea de bienestar mínimo (adquirir la canasta alimentaria). Se trata de un aumento absoluto de 15.57 pesos, el 23 por ciento por esta primera vez. Tal incremento sería el inicio de una trayectoria de recuperación que buscaría alcanzar a lo largo del tiempo el mandato constitucional (la línea de bienestar): 171.03 pesos”.

¿Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ayuntamientos del estado de Tlaxcala tendrán la voluntad para incrementar el salario de todos los trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza? ¿Cuántos burócratas ganan menos de 171 pesos diarios (5 mil 130 pesos al mes)? ¿Los gobiernos municipales del PAN que demandaron la consulta nacional sobre el salario mínimo ya regularizaron a todos sus trabajadores y les otorgaron los 171 pesos diarios?