La importancia de la perspectiva de género en la impartición de justicia

Hace algunos días leía en un periódico local el sentir de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en relación a una capacitación que estaban recibiendo en materia de acceso a la justicia con perspectiva de género.

Para poder compartir por qué es importante los procesos de sensibilización y capacitación en este tema y/o materia, rescato de la nota el ejemplo de la jueza que textualmente dice: “Una familia donde la esposa abandonó el hogar y dejó a los hijos con el papá, por lo que después de cierto tiempo decidió otorgarle la patria potestad al padre, pero por este simple ejemplo la catedrática de plano la satanizó por haber tomado esa medida y le refutó que primero debió haber investigado el caso para saber los motivos por los cuales la esposa dejó el hogar”.

Se puede comprender que por la situación de abandono por parte de la madre, sin tener claro los motivos de la mujer y ni el tiempo que dejó trascurrir la juez, y de acuerdo con lo que dice la ley, la patria potestad se le otorgue al padre y puede ser entendible que al juzgado de lo familiar no le corresponde investigar, pero ¿qué pasaría si pasado un año o más, la madre de estos niños–niñas decide recuperar y solicitar la patria potestad? ¿Cuál tendría que ser la postura de la jueza o del juez que atiende al caso, teniendo como referencia un expediente de abandono por la madre?


Y lo pregunto porque desde la experiencia de nuestra organización encontramos casos donde al ser la madre quien abandona a los hijos e hijas, resulta que se le sanciona y/o estigmatiza mucho más, ya que su rol tradicional del ser madre, implica además ser una buena madre, que no puede ni debe abandonar a sus hijos a pesar de todo, y por ello se suelen escuchar comentarios tan fuertes y violentos como “ni las perras abandonan a sus crías”.

Hace poco menos de un año, llegó a nuestra organización el caso de una mujer que vivía violencia sistémica por parte de su esposo, madre de cuatro hijos–hijas, que decidió dejar al esposo después de 14 años de violencia; dando inicio a la denuncia penal y la demanda en materia de alimentos y guardia y custodia de los menores; durante todo este tiempo la mujer vivía violencia psicológica y económica por parte del esposo, quien la amenazaba puesto que sus parientes son parte de un gobierno municipal y la amedrentaba mencionándole que no le podía hacer nada, sin darle un solo peso para la manutención de los menores.

Ante la necesidad y la urgencia de esta mujer de mantener a sus hijos–hijas, sale en búsqueda de trabajo, lo que provocaba dejar por varias horas al día a sus hijos–hijas, y eso nunca le importó al padre. El proceso continuó y la parte demandada no puso mucha atención a ello; pasado el tiempo y al enterarse que la resolución venía favorable a la quien era la madre de sus hijos, aprovechó la ausencia de la señora para sacar a la niña más pequeña y presentarla ante el DIF municipal y acusarla de que abandonaba largos periodos de tiempo a los hijos, por lo cual había encontrado a la niña sola en la calle y por lo cual la ponía a disposición del DIF municipal y de un juez para entregar a sus hijos–hijas, quienes sufrían abandono por parte de “una mala madre”. En el lapso de una semana, a la señora la obligaron a presentar a sus otros hijos–hijas en el juzgado y se los entregaron a la autoridad correspondiente, que los llevó a un albergue mientras se resolvía la situación del abandonado de los niños.

Lamentablemente la postura del o la juez se vio limitada al no contar justo con una perspectiva de género que le permitiera mirar de manera más objetiva la situación, generando violencia institucional hacia la mujer y dando inicio a otro proceso, aunado a que había existido cambio en dicho juzgado, por lo cual el o la juez no estaba al corriente del total de los expedientes. Pero justo por esa construcción de género de lo que implica el ser mujer y ser hombre, una mujer que para esta sociedad no cuida a sus hijos–hijas resulta ser “es una mala madre”, lo que desencadena mayores injusticias hacia una mujer sumamente vulnerada por todo su contexto.

Por este tipo de casos y muchos otros, es de suma importancia que las autoridades responsables de procurar y administrar justicia cuenten con la perspectiva de género y derechos humanos en la impartición de justicia, que en palabras de la Mtra. Magdalena Zulema Mosri, juzgar desde esta perspectiva favorece la igualdad en la justicia, y el mismo Programa de Equidad de Género de la SCJN establece que “adoptar el principio de no discriminación no implica pretender igualar a hombres y mujeres, sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias”.

No se debe olvidar que México, a partir de las diversas sentencias y/o resoluciones que ha recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son los casos de Campo Algodonero y de Radilla Pacheco, desde el 10 de junio de 2011 reformó la Constitución para incorporar a su artículo 1 los derechos humanos como eje rector en la impartición de justicia y considerar como ley lo establecido en los pactos, convenciones, protocolos y demás documentos ratificados por México, por lo que en ese sentido la Convención Belem Do Pará y la CEDAW deberán aplicarse, siendo muy claras al establecer que es de suma importancia incorporar la perspectiva de género en los procesos de acceso a la justicia de las mujeres.

Es entendible que como personaje público exprese de manera pública su sentir ante un posible acto o comentarios que trasgrede, y es válido expresar y solicitar se generen las mejores condiciones. Sin embargo, de la misma manera la sociedad civil exhorta a los y las autoridades tomadores de decisiones escuche también a la ciudadanía que por derecho puede y debe expresar y denunciar cuando las y los funcionarios y servidores públicos trasgreden y violan los derechos humanos de las personas, y solicitar que sean destituidos de su cargo, pues con su actitud que genera violencia institucional, en nada abonan que en Tlaxcala exista justicia.