Cuidar la imagen; frivolidad

Cuando la diputada local panista, Guadalupe Sánchez Santiago externa su preocupación por no afectar la imagen de Tlaxcala, hay que darle la razón. Cierto. La entidad más pequeña del país, con poco más de un millón de habitantes, es catalogada y escandalosamente estigmatizada (así lo han tratado de justificar algunos gobernantes) como “cuna” de tratantes o padrotes.

El prestigio no puede estar más estropeado. Un diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta que las redes de tratantes tlaxcaltecas se extienden a varios puntos de Estados Unidos, como Arizona y Nueva York. Un sondeo sobre percepción ciudadana en torno a la situación de trata de mujeres con fines de explotación sexual, realizado en 2014 por el Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C., evidencia que el problema se ubica en 35 municipios del estado, es decir, en casi 58 por ciento de los 60. La organización comparó los resultados de este ejercicio con los del análisis efectuado en el año 2008 por la especialista Patricia Olamendi Torres, el cual da cuenta de este fenómeno social en 23 demarcaciones. Es verdad, no solo hay que cuidar sino revertir esta condición.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se han cansado de explicar y repetir que la solicitud de AVGM no es una confrontación con el gobierno, sino la oportunidad de contar con un mecanismo para generar “acciones más estratégicas” contra todo tipo de agresiones hacia las mujeres, y han advertido que insistirán en su petición de la declaratoria de esta, solicitada al gobierno federal en 2016 y negada en agosto de 2017.


Sin embargo, las autoridades se empecinan en negar cualquier posibilidad. Con mesura, Angélica Zárate Flores, directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), ha declarado a la prensa que es respetuosa de las expresiones de las OSC sobre este asunto; en contraste, el  secretario de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, ha comentado con desatino que la AVGM perjudicaría al estado.

La ligereza con la que la presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, Guadalupe Sánchez opinó al respecto, es discutible, al advertir que se dañaría la imagen de la entidad. Las aseveraciones de estos dos funcionarios solo ponen al descubierto su frivolidad ante un problema grave.