La estrategia de la negación incrementa la violencia

Durante los últimos meses en Tlaxcala se ha mostrado una serie de hechos violentos que pone en duda el calificativo de ser una entidad segura. La presencia de la Gendarmería, desde octubre de 2015, de poco ha servido para conservar al estado como un lugar seguro; el anterior gobernador insistió discursivamente hasta el cansancio que el tejido social se estaba reconstruyendo, lo cual ante la actual situación de violencia demuestra que ello nunca fue verdad.

La persistencia de asaltos, asesinatos, feminicidios, policías asesinados, desapariciones, decapitados y detención de tratantes por las instancias federales e internacionales, nos muestran el alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentra la ciudadanía tlaxcalteca. Y ante esta realidad en que la violencia se agrava, las autoridades prefieren implementar una política de la negación, decir que esta situación se debe a que los delincuentes son de los estados circunvecinos o que los hechos de violencia son aislados.

Esta irresponsable actitud de las autoridades, en el fondo, es un mensaje de permisibilidad para la continuidad de estos hechos, más aun si dichos delitos quedan en la impunidad. Es ese tipo de negaciones de la realidad mantenida por muchos años, incluso décadas, la que llevó a Tlaxcala a ser señalado en el ámbito nacional e internacional como un lugar desde donde operan redes de tratantes, hechos que se comprueban con todas las detenciones que se han realizado en los últimos años por parte de autoridades federales o internacionales; esa actitud de negación es la que ha generado que en diversas partes de la República los feminicidios sean una constante hacia las mujeres; esa actitud es la que en muchos estados permitió que los grupos criminales llevaran la situación prácticamente a estados de guerra.


Como ya ha sido reflexionado y señalado en diversos espacios de denuncia ética, entre ellos el Tribunal Permanente de los Pueblos, el gobierno mexicano ha desviado su poder, éste que el pueblo lo ha conferido pero que el día de hoy se encuentra al servicio de los capitales, es decir, la garantía de los derechos humanos y la seguridad de los pueblos queda fuera de las prioridades del gobierno.

La violencia que se vive en muchos lugares y la existencia de delitos es resultado de una falta de garantía de los derechos humanos, del despojo sistemático de sus formas de vida, de la ruptura de su cohesión comunitaria y de la falta de autoridades legítimas que se empeñan en negar las situaciones o en simular que se actúa frente a ellas.

Los gobiernos y también la ciudadanía deberíamos aprender de nuestra historia para no permitir el escalamiento de las violencias y del despojo. Fue la actitud de la negación, minimización o simulación de los gobiernos tlaxcaltecas la que permitió el escalamiento de la operación de las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual hacia los ámbitos nacional e internacional; fue esa actitud la que ha generado una devastación ambiental de nuestros ríos y el impacto hacia la salud de los pobladores y en su capacidad de producción alimentaria.

Es esa actitud la que permite la continuidad de desaparición, explotación y asesinato de mujeres por razones de género a pesar de existir una solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (SAVGM) y una aceptación de acciones a implementar por parte del gobierno estatal.

Como sociedad  debemos tener cuidado para no normalizar los delitos, la violencia, la violación a los derechos humanos, la destrucción ambiental, ni el despojo;  al contrario, nuestra labor ciudadana es exigirle al gobierno en sus diferentes niveles que cumpla con erradicar esas situaciones, pues para ello fue nombrado. Nuestra labor ciudadana, aunque resulte chocante para las autoridades, es señalarles el conjunto de afectaciones que vivimos y exigirle que utilice los recursos de los cuales dispone, que en buena medida provienen de nuestros impuestos, para erradicar cada una de las situaciones que afectan o ponen en riesgo la vida de las personas y las comunidades.

Nuestra tarea es también estar al tanto de aquellas recomendaciones y obligaciones que ha adquirido para cumplir con el respeto a los derechos humanos, en este sentido es importante recordar que respecto a la violencia contra  las mujeres, en este mes concluirá el periodo en el que el gobierno deberá haber implementado las nueve propuestas establecidas por el grupo de trabajo que da seguimiento a la SAVGM. Lo anterior resulta preocupante, pues como hemos señalado, a pesar de existir este compromiso por parte del gobierno, la situación de violencia y explotación hacia las mujeres persiste. Una vez que el gobierno entregue su informe habrá que valorar si se hicieron o no las acciones comprometidas y en caso de haberse realizado será importante ver su calidad e impactos generados, por lo pronto parece que en este y en otros temas la realidad le está ganando al gobierno.

La realidad de violencia y las estrategias que el gobierno, a través de sus diversos funcionarios, intenta establecer, es un llamado para que las y los ciudadanos nos organicemos y levantemos la voz, es un llamado a organizarnos para no permitir que los gobiernos evadan sus responsabilidades y que cumplan con sus deberes. Como ciudadanía no podemos ser indiferentes y quedarnos inmóviles ante estas realidades, bajo el riesgo de que la violencia cada día escale más y en algún momento nos alcance de manera directa, como en otras entidades del país ya ha ocurrido y que desafortunadamente en nuestro estado empezamos ya a padecer.